Keiko Fujimori ha asumido la presidencia de Perú en un contexto de profunda inestabilidad política, marcando el retorno del fujimorismo al poder tras más de dos décadas. Su discurso de investidura delineó una postura contundente frente a la crisis de seguridad ciudadana, anunciando una estrategia militar que delegará el control interno a las Fuerzas Armadas en zonas de alta criminalidad durante los estados de emergencia. Esta medida, reminiscencia del estilo de gobierno de su padre, Alberto Fujimori, subraya una orientación hacia la ‘mano dura’ en un país que ha visto desfilar a nueve mandatarios en la última década, reflejo de una constante pugna de poderes y una polarización social acentuada.
La propuesta de Keiko Fujimori no se limita a la intervención militar; incluye un paquete de reformas que evocan un modelo de seguridad restrictivo. Se contemplan allanamientos en áreas de alto riesgo, la expulsión de migrantes indocumentados y la potencial implementación de tribunales anónimos, además de una posible retirada de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estas medidas, presentadas como soluciones expeditas a un problema que ha visto los homicidios más que duplicarse y las denuncias por extorsión dispararse en los últimos años, generan un debate ético y legal sobre el equilibrio entre seguridad y garantías individuales.
El legado del expresidente Alberto Fujimori es una sombra persistente sobre la actual administración. Si bien su gobierno es recordado por la derrota de la insurgencia de Sendero Luminoso y la estabilización económica, también se caracteriza por el cierre del Congreso y una condena posterior por violaciones de derechos humanos y corrupción. Esta dualidad histórica alimenta la profunda división en la sociedad peruana, donde una facción ve un liderazgo fuerte y decisivo, mientras otra teme un resurgimiento de prácticas autoritarias y el menoscabo de las instituciones democráticas.
La volatilidad política ha sido una constante en Perú, con el Congreso desempeñando un papel decisivo en la remoción de varios presidentes en los últimos años, a menudo con la participación de fuerzas políticas vinculadas al fujimorismo. Keiko Fujimori, a pesar de haber obtenido la bancada más numerosa, no cuenta con una mayoría absoluta, lo que la obliga a buscar consensos. Su llamado a ‘tender puentes de diálogo’ con las fuerzas de oposición es crucial para construir gobernabilidad en un escenario fragmentado y avanzar en su agenda legislativa, evitando una profundización de la crisis institucional que ha minado la confianza ciudadana.
Más allá de la seguridad, la nueva administración peruana ha señalado la prevención ante el fenómeno de El Niño como una prioridad inmediata. Los pronósticos sugieren un evento de intensidad y devastación comparable al de 1998, con implicaciones severas para la agricultura, la infraestructura nacional y la economía. La presidenta ha prometido un plan de contingencia oportuno. Paralelamente, la llegada de Keiko Fujimori al poder sitúa a Perú en una tendencia regional de gobiernos de derecha que se consolidan en Latinoamérica, con una alineación ideológica observada en la administración del expresidente estadounidense Donald Trump, redefiniendo las dinámicas continentales.Si le ha parecido interesante este análisis, le invitamos a compartirlo y a dejar su opinión en los comentarios.
