Un reciente informe de Plan Internacional ha puesto de manifiesto la alarmante situación de los ‘Niños Migrantes’ y adolescentes en los campamentos informales de México, revelando un patrón de estigmatización y un miedo generalizado al arresto por parte de las autoridades. Este estudio, titulado ‘Vivencias y percepciones desde la voz de niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad en México’, subraya cómo este grupo demográfico, lejos de encontrar un refugio temporal, se enfrenta a una estancia prolongada en condiciones de vulnerabilidad extrema, redefiniendo el rol de México de un país de tránsito a un destino forzado para miles de menores.
La investigación, que incluyó la participación de 136 menores en Chiapas, Chihuahua y la Ciudad de México, detalla un ciclo de desconfianza hacia las instituciones. Los hallazgos indican que la percepción de la autoridad como una entidad potencialmente perjudicial es predominante, cimentada en experiencias de violencia y la constante amenaza de detención debido a su estatus irregular. Esta realidad contrasta dramáticamente con los principios de protección a la infancia establecidos en el derecho internacional, donde el interés superior del niño debería ser la consideración primordial en todas las acciones que les conciernen.
Históricamente, México ha servido como un corredor migratorio crucial, conectando América Latina con Estados Unidos. Sin embargo, las políticas migratorias y las restricciones fronterizas, tanto internas como de su vecino del norte, han transformado este flujo en un embudo, atrapando a familias y menores en un limbo legal y social. Esta ‘estancia prolongada’ no solo implica una mayor exposición a riesgos como la violencia, la explotación laboral infantil y la discriminación por origen nacional –siendo los niños venezolanos y colombianos particularmente afectados–, sino que también dificulta su acceso a servicios básicos y a la integración en la sociedad.
Las barreras para la regularización migratoria, identificadas como un obstáculo persistente, exacerban la precariedad de estos menores. La falta de acceso a documentación legal y a procesos expeditos para determinar su estatus incrementa su invisibilidad y los expone aún más a abusos. Organismos internacionales como la UNICEF han alertado repetidamente sobre la necesidad de establecer mecanismos de protección más robustos que garanticen el derecho a la identidad, a la salud y a la educación, independientemente de la situación migratoria de los padres.
A pesar del sombrío panorama, el informe de Plan Internacional también rescata ejemplos de ‘buenas prácticas’ en México, como la provisión de albergues en la capital, programas educativos en Chiapas e iniciativas nutricionales en Chihuahua. Si bien estos esfuerzos son encomiables, su alcance es limitado frente a la magnitud de la crisis. Es imperativo que estas intervenciones aisladas escalen a una política pública integral que aborde las causas profundas de la migración infantil y ofrezca soluciones sostenibles basadas en los derechos humanos y la dignidad de cada persona.
La voz de Gonzalo Rivera, representante de Plan Internacional México, resuena como un llamado urgente a la acción. Sus palabras enfatizan que ‘detrás de cada decisión pública (…) hay niñas, niños y adolescentes que necesitan respuestas oportunas, integrales y centradas en sus derechos’. Es una interpelación a la comunidad internacional y a las autoridades mexicanas para trascender las medidas paliativas y construir un marco de protección que salvaguarde la integridad y el futuro de estos jóvenes que, como Ulises, de Honduras, han recorrido un ‘proceso muy largo’ y lleno de adversidades en busca de una vida mejor.
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