Veintiséis años después de la renuncia por fax de Alberto Fujimori, Keiko Fujimori ha jurado como presidenta de la República de Perú, marcando el retorno del fujimorismo al poder y la investidura de la primera mujer elegida por voto popular en la historia del país. Este acontecimiento, que busca sentar las bases para la ‘Estabilidad Democrática’ prometida tras una década de profunda convulsión política, se produce en un contexto de intensa polarización nacional, donde la esperanza de orden económico choca con la persistencia de heridas históricas. Su asunción, en el Día de la Independencia, subraya tanto un ciclo político completado como la apertura de uno nuevo cargado de expectativas y tensiones.
La victoria de Fujimori, obtenida por un estrecho margen sobre el izquierdista Roberto Sánchez, no solo culmina una travesía de tres candidaturas presidenciales fallidas, sino que también revitaliza el debate sobre el legado de su padre. Alberto Fujimori, fallecido en 2024 tras condenas por lesa humanidad y corrupción, sigue siendo una figura divisoria, cuya memoria es reivindicada por la presidenta en sus primeras horas de mandato, lo que inmediatamente reaviva las controversias sobre la justicia transicional y la impunidad en la nación andina.
El historial reciente de Perú, marcado por una sucesión de nueve presidentes desde 2016 –muchos de ellos con mandatos interinos, baja aprobación o envueltos en crisis permanentes–, pone de relieve la magnitud del desafío que enfrenta el nuevo gobierno. Precisamente, el rol de Fuerza Popular en los enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Congreso durante este periodo ha sido señalado por críticos como un factor contribuyente a la inestabilidad. La promesa de poner fin a esta volatilidad institucional constituye el eje central de su propuesta, aunque la coherencia de dicho compromiso será rigurosamente evaluada por la ciudadanía y los observadores internacionales.
La ceremonia de investidura ha contado con una significativa presencia internacional, incluyendo al rey Felipe VI de España y delegaciones de alto nivel de Estados Unidos, China y Japón, así como presidentes de diversas naciones latinoamericanas. Esta concurrencia diplomática anticipa una posible reorientación de la política exterior peruana, particularmente hacia Washington, según los primeros nombramientos del gabinete. La selección de ministros clave como Luis Galarreta en la Presidencia del Consejo, Elmer Cuba en Economía y Finanzas, y Carlos Espá en Relaciones Exteriores, ofrecerá las primeras pistas sobre si el Ejecutivo buscará una gobernanza de consenso amplio o se centrará en un círculo más reducido y afín.
Paralelamente a la solemnidad protocolaria, el inicio del quinquenio se ve empañado por un clima de abierta confrontación social. Diversos colectivos de derechos humanos, organizaciones estudiantiles y familiares de víctimas de la violencia estatal han convocado movilizaciones nacionales bajo el lema ‘Keiko no me representa. Por justicia, memoria y verdad’. Los deudos de casos emblemáticos como ‘La Cantuta’ y ‘Barrios Altos’ han expresado su rechazo explícito, negándose a reconocer públicamente a la nueva mandataria, lo que subraya la persistencia de demandas de justicia y reparación aún no resueltas.
Los desafíos inmediatos para la administración de Keiko Fujimori son múltiples y complejos. Más allá de definir el rumbo económico y consolidar la política exterior, el gobierno deberá responder a una creciente ola de criminalidad que azota el país, afrontar los devastadores efectos de un nuevo episodio del fenómeno ‘El Niño’ y coordinar la reconstrucción de localidades como Pumpunya, recientemente devastada por un sismo. A esto se suman decisiones de alto impacto político, como los pedidos de indulto para los expresidentes Pedro Castillo y Alejandro Toledo, asuntos que sin duda pondrán a prueba la capacidad de la nueva presidenta para unir a una nación que llega a esta transición profundamente dividida.
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