Una robusta coalición de más de 50 organizaciones, que incluye grupos interreligiosos, de derechos humanos y empresariales, ha enviado una enérgica carta al Congreso de Estados Unidos. Exigen un juicio político o ‘impeachment’ inmediato contra el Secretario Mullin del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). La acusación central se basa en los presuntos asesinatos de inmigrantes bajo su gestión y la demanda de una investigación profunda sobre muertes en centros de detención, tiroteos de agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), así como otros actos violentos. Este llamado evidencia una severa crisis de confianza en la política migratoria.
La urgencia de esta demanda se cimenta en tragedias recientes. Lorenzo Salgado Araujo fue fatalmente baleado por agentes el 7 de julio de 2026. Seis días después, Johan Sebastián Durán Guerrero, un colombiano con permiso de trabajo, también murió por disparos de agentes de ICE en Maine. Beatriz López, directora de Voto Latino, ha declarado que estos incidentes reflejan cómo el Secretario Mullin no solo ha continuado los ‘abusos de su predecesora’, sino que ‘está exacerbando los peores impulsos de la agencia’, generando caos en las comunidades. Estos casos ilustran un patrón de violencia que la coalición busca frenar.
Más allá de la violencia letal, la misiva detalla violaciones sistémicas, como la obstrucción a la supervisión congresional en el Centro de Detención Delaney Hall en Nueva Jersey. Allí, el DHS habría restringido visitas y empleado gas lacrimógeno, gas pimienta y porras contra detenidos y activistas que investigaban huelgas de hambre y condiciones de hacinamiento. Esta actitud sugiere una preocupante falta de transparencia y resistencia a la fiscalización, elementos cruciales para la protección de los derechos humanos. La integridad del sistema de supervisión democrática está en entredicho.
La gestión del Secretario Mullin también enfrenta acusaciones de desacato judicial, con más de 100 órdenes federales supuestamente ignoradas por el DHS. El propio Secretario evitó comprometerse a su cumplimiento durante una comparecencia ante el Senado en junio de 2026. A esto se suma la cifra de más de 205,000 niños, incluidos 145,000 ciudadanos estadounidenses, que han perdido a uno de sus padres por detención. Esta política de separación familiar masiva es una de las críticas más persistentes y humanitarias dirigidas a las operaciones del DHS, con implicaciones devastadoras para las familias afectadas.
El incremento de muertes bajo custodia de ICE, con 21 fallecimientos en 2026 —ocho de ellos bajo la supervisión de Mullin desde marzo—, subraya la crisis humanitaria. Declaraciones de funcionarios como Tom Homan, ‘zar de la frontera’, quienes culpan a los inmigrantes fallecidos por su falta de ‘cooperación’, son vistas como una narrativa deshumanizadora que desvía la responsabilidad institucional. Tal perspectiva ignora el deber del Estado de garantizar la seguridad y el bienestar de las personas bajo su custodia, independientemente de su estatus migratorio, y plantea serias preguntas sobre la cultura operativa de las agencias de control migratorio.
La expansión de la infraestructura de detención familiar, con nuevas instalaciones en Texas, Arizona, California y Luisiana, incluyendo una junto a un centro de vuelos de deportación, agrava las inquietudes sobre las políticas migratorias. En respuesta, Voto Latino ha lanzado la campaña ‘Una muerte es suficiente’ y el portal MullinMustGo.com, movilizando a la ciudadanía para exigir la destitución del Secretario del DHS. Este esfuerzo busca presionar al Congreso para que actúe, deteniendo lo que las organizaciones perciben como una escalada de abusos, violencia institucionalizada y una constante vulneración de los derechos humanos en la política migratoria estadounidense.
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