La Alta Dirección Pública (ADP) en diversas naciones enfrenta una coyuntura crítica, marcada por la tensión entre el mérito profesional y la discrecionalidad política. La reciente remoción de la directora del Hospital de San Antonio ha reavivado un debate esencial sobre los mecanismos de desvinculación de altos directivos. Mientras el sistema de selección de la Alta Dirección Pública es reconocido por su rigor y transparencia, la prerrogativa de la ‘falta de confianza’ en la remoción se erige como un punto débil que erosiona la profesionalización del servicio público.
El marco legal actual presenta una paradoja: una entrada basada en mérito contrasta con una salida impulsada por amplias atribuciones políticas. La reforma de 2016 (Ley N° 20.955) intentó mitigar esto para cargos de segundo nivel, exigiendo motivar la remoción por desempeño o confianza. Sin embargo, esta disposición ha resultado insuficiente. La ambigüedad favorece decisiones alineadas más con vaivenes políticos que con evaluación objetiva, comprometiendo la estabilidad técnica.
El sistema ADP fue concebido para profesionalizar el Estado, cubriendo cargos directivos por idoneidad, experiencia y mérito. Se buscaba acotar la influencia política a funciones de diseño de políticas, resguardando la ejecución técnica. La extensión del concepto de ‘exclusiva confianza’ a puestos de gestión distorsiona este principio. Esto crea una brecha entre la expectativa de gestión técnica imparcial y la vulnerabilidad constante a cambios políticos, afectando moral y atracción de talento.
Estos cuestionamientos socavan la credibilidad del sistema. Estudios han demostrado que la meritocracia en la dirección pública conduce a mejoras sustanciales en servicios críticos como la salud y la educación. La ausencia de criterios claros para la evaluación y desvinculación debilita estos avances. La inestabilidad resultante no solo desincentiva a profesionales calificados, sino que interrumpe la planificación a largo plazo y la capacidad institucional para modernizarse, erosionando la confianza en la eficacia del servicio civil.
Consciente de esta problemática, el Consejo Alta Dirección Pública ha impulsado una propuesta integral para perfeccionar el sistema, sumando aportaciones de administraciones pasadas (Bachelet, Piñera, Boric). La iniciativa enfatiza la necesidad de otorgar mayor estabilidad a los directivos de segundo nivel, reconociendo su perfil técnico. Esta medida es vital para asegurar que la pericia profesional prevalezca en la ejecución de políticas públicas, garantizando continuidad y coherencia de gestiones.
La concreción de estas modificaciones legislativas es un imperativo para dotar a la Alta Dirección Pública de mayor certidumbre y predictibilidad. Clarificar los criterios de desvinculación para altos directivos encargados de ejecutar políticas no es solo administrativo; es fundamental para robustecer el mérito y la profesionalización. Revisar las reglas de egreso actuales es un paso indispensable para adaptar la ADP a los complejos desafíos de una gestión estatal moderna, promoviendo gobernanza eficaz y neutral.
La decisión de la actual Administración presidencial será clave para materializar estas reformas pendientes, pospuestas a lo largo de tres periodos ejecutivos. Fortalecer el sistema ADP, clarificar sus ambigüedades y robustecer las facultades de su Consejo, representa una inversión estratégica en la calidad democrática y la capacidad del Estado para operar con eficiencia e integridad. Este ajuste es esencial para equilibrar dirección política y competencia técnica en la administración pública.
Si le ha parecido interesante este análisis, le invitamos a compartirlo y a dejar su opinión en los comentarios.
