Un reciente informe, contundente y revelador, ha desvelado una red de abusos y negligencia sistémica en el centro de detención para inmigrantes Camp East Montana, ubicado en El Paso, Texas. Este documento, resultado de una investigación conjunta de Human Rights Watch (HRW) y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), describe condiciones que sus propios testimonios califican como un ‘cementerio de personas vivas’, donde la dignidad humana es sistemáticamente vulnerada. El fallecimiento de Lunas Campos, catalogado por HRW como una ‘ejecución extrajudicial’ bajo el derecho internacional, emerge como el símbolo más trágico de los abusos en centro de inmigrantes, exponiendo la brutalidad inherente a estas instalaciones.
El informe detalla un patrón alarmante de violencia, desatención médica crónica, aislamiento prolongado y condiciones sanitarias deplorables. A pesar de una capacidad declarada para albergar hasta 5,000 individuos, las cinco estructuras tipo tienda de campaña que componen Camp East Montana operan con un hacinamiento que facilita la propagación de enfermedades y exacerba el sufrimiento. Las entrevistas a 71 detenidos, provenientes de doce países de Latinoamérica y el Caribe, revelan que 64 de ellos experimentaron o presenciaron golpizas a manos de guardias, una cifra que subraya la magnitud de la violencia.
El caso de Lunas Campos es particularmente desolador. El cubano, padre de cuatro hijos, falleció la noche del 3 de enero en una unidad de aislamiento tras solicitar sus medicamentos. Aunque el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) inicialmente reportó que el personal lo encontró ‘en dificultades’, la autopsia oficial reveló una verdad escalofriante: abrasiones en el pecho y las rodillas, hemorragias en el cuello, y una causa de muerte determinada como asfixia por compresión del cuello y el torso, clasificada explícitamente como homicidio. Este hallazgo contradice directamente la narrativa oficial y subraya la necesidad de una rendición de cuentas.
Los testimonios de otros detenidos ofrecen una visión cruda del régimen de terror imperante. Se describe a los guardias, vestidos de negro y con máscaras que ocultan sus identidades, respondiendo con agresión física a cualquier demanda de comida, medicinas o respeto a los derechos básicos. Un hondureño, identificado como Germán L., relató cómo los reclamos de uno se traducen en represalias colectivas, mientras un venezolano, Armando G., describió haber sido asfixiado y golpeado durante una huelga de hambre sin recibir atención médica posterior, demostrando una clara intencionalidad de intimidación y control.
Más allá de la violencia, las condiciones de vida en Camp East Montana son una afrenta a la dignidad humana. El informe documenta unidades atestadas donde hasta 72 personas comparten seis inodoros y duchas, las cuales a menudo están obstruidas o cubiertas de heces y orina. La escasez de jabón, desinfectante y cepillos de dientes es endémica, llevando al desarrollo de infecciones cutáneas, respiratorias y dentales. La atención médica, cuando se solicita, es demorada por semanas o meses, frecuentemente llegando solo en situaciones de emergencia crítica, evidenciando una negligencia deliberada.
La problemática se extiende a la alimentación, con porciones insuficientes, congeladas o en mal estado, lo que ha provocado pérdidas de peso significativas en muchos detenidos. Estos incidentes en El Paso no son un caso aislado; la organización Detention Watch Network ha registrado un total de 50 fallecimientos bajo custodia de ICE desde el inicio del actual mandato presidencial, con 31 decesos en 2025 y otros 19 en lo que va de 2026, lo que subraya un patrón inquietante de muertes en centros de detención a nivel nacional que exige una investigación más amplia.
Este devastador informe exige una revisión urgente y exhaustiva de las políticas y prácticas en los centros de detención de inmigrantes. La comunidad internacional y los organismos de derechos humanos deben presionar para que se implementen reformas profundas que garanticen la seguridad y los derechos fundamentales de todas las personas bajo custodia. La transparencia, la rendición de cuentas y el fin de la impunidad son imperativos morales para evitar que más vidas se pierdan en estas ‘prisiones vivientes’ y se respeten los derechos humanos en el contexto migratorio.Si le ha parecido interesante este análisis, le invitamos a compartirlo y a dejar su opinión en los comentarios.
