Los recientes informes del Economist Intelligence Unit (EIU) y Latinobarómetro han revelado una compleja dinámica en la democracia en América Latina. El ‘Democracy Index 2025’ del EIU, publicado en abril, registró por primera vez en una década un incremento en la puntuación regional, pasando de 5,61 a 5,71 sobre diez, con trece de veinticuatro países mejorando su calificación. Paralelamente, el informe anual 2024 de Latinobarómetro, difundido en abril del mismo año, documentó un significativo ascenso de cuatro puntos porcentuales en el apoyo ciudadano a la democracia, alcanzando el 52%, el salto más notable desde 2010. Estos datos, provenientes de dos de los principales barómetros de la salud democrática en el continente, sugieren un punto de inflexión tras años de deterioro sostenido, configurando una aparente recuperación que merece un análisis detallado.
Este repunte es particularmente significativo si se considera el adverso telón de fondo. La región ha enfrentado una sucesión de severos desafíos, incluyendo una pandemia que en 2020 causó la mayor contracción económica global del 7,7% del PIB en América Latina, una persistente ola inflacionaria, un aumento de la violencia política y ciclos de estallidos sociales en diversas naciones. En este complejo escenario, el hecho de que el respaldo ciudadano a la democracia no solo se mantuviera, sino que aumentara, evidencia una profunda resiliencia estructural. Casos como la recuperación de elecciones libres en Bolivia, destacada por el EIU como un ‘desarrollo democrático importante’, y la consolidada estabilidad institucional de países como Uruguay, Costa Rica y Chile, subrayan la capacidad de ciertas naciones para salvaguardar sus sistemas democráticos incluso bajo presión extrema.
Sin embargo, al examinar los documentos con mayor detenimiento, emerge una contradicción que matiza cualquier lectura triunfalista. A pesar del crecimiento en el apoyo abstracto a la democracia, los mismos informes revelan un desplome simultáneo y generalizado de la confianza en las instituciones esenciales que la sustentan. El Latinobarómetro 2024 indica que la confianza en los partidos políticos apenas alcanza el 17%, en el Congreso el 24%, y en el poder judicial el 28%. Más alarmante aún, la confianza interpersonal, un pilar fundamental del capital social necesario para cualquier sistema democrático, ha caído a un mínimo histórico regional del 15%.
El ‘Democracy Index’ del EIU corrobora esta fractura desde una perspectiva institucional, señalando que, si bien América Latina sobresale en procesos electorales y pluralismo, sufre en el indicador de ‘cultura política’, considerado el pilar más endeble. Esta convergencia de conclusiones, obtenidas mediante metodologías distintas, sugiere que el armazón formal de la democracia persiste, pero sus cimientos conceptuales y sociales se encuentran severamente debilitados. La brecha entre el ideal democrático y la percepción de sus mecanismos operativos se hace cada vez más profunda, anunciando posibles desestabilizaciones futuras.
Expertos como Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, en su obra ‘How Democracies Die’, han documentado que este patrón de desgaste es el preludio común de la erosión democrática contemporánea. A diferencia del siglo XX, donde los golpes de Estado eran la norma, la democracia actual sucumbe gradualmente, desmantelada por líderes electos que socavan contrapesos, instrumentalizan el poder judicial y hostigan a la prensa, a menudo con el consentimiento pasivo de mayorías ciudadanas. Esta dinámica implica que el ciudadano latinoamericano, si bien valora la idea de democracia, ha perdido el compromiso o la capacidad de defender las estructuras concretas que la materializan.
El Salvador representa un caso paradigmático de esta paradoja. Nayib Bukele, según Latinobarómetro, ostenta la mayor popularidad presidencial registrada en América Latina desde 1995. Paralelamente, el EIU documenta que su gobierno autorizó un segundo mandato consecutivo en 2025, contraviniendo la Constitución salvadoreña, militarizó funciones civiles y erosionó sistemáticamente los contrapesos institucionales. A pesar de estas acciones, el apoyo a la democracia en El Salvador solo aumentó un punto porcentual, lo que sugiere que una parte significativa del electorado no percibe el régimen actual como una amenaza, sino como una forma legítima de gobernanza.
Un escenario aún más perturbador se observa en Venezuela. A pesar del fraude electoral documentado en 2024 y ampliamente condenado por observadores internacionales, Latinobarómetro constata que el apoyo a la democracia en el país ‘no se derrumba, permanece incólume’. Esta disonancia solo puede explicarse si se asume que, para vastos segmentos de la ciudadanía, el término ‘democracia’ ha mutado de una descripción del régimen existente a una aspiración abstracta o un deseo. Cuando un mismo vocablo puede ser invocado para describir sistemas tan dispares como el uruguayo y el venezolano, su capacidad analítica para diferenciar entre democracia y autoritarismo se diluye crítico.
Colombia, por su parte, ilustra una faceta diferente de la erosión democrática. El EIU registra que Colombia sufrió la caída más pronunciada en su puntaje democrático en la región durante 2025. Los 26 asesinatos de políticos, incluyendo la muerte de Miguel Uribe Turbay, y los 81 municipios identificados como de ‘alto riesgo electoral’ son indicativos de una amenaza material. La presencia de grupos armados en al menos 790 municipios, el 71% del territorio nacional, desafía directamente la capacidad del Estado para asegurar el ejercicio básico de los derechos políticos, como postularse, votar y representar.
El riesgo subyacente de este aparente repunte democrático no reside en su fragilidad numérica, sino en su potencial para enmascarar un profundo vaciamiento institucional. Las cifras de Latinobarómetro revelan que el 25% de los encuestados declara indiferencia sobre el tipo de régimen, y un 17% apoyaría un gobierno autoritario bajo ciertas condiciones. Además, el 65% de los ciudadanos está insatisfecho con el funcionamiento actual de la democracia. Estos datos, junto con el colapso de la confianza en las instituciones, crean un terreno fértil para el avance de populismos iliberales, tal como señala Yascha Mounk en ‘The People vs. Democracy’, donde la amenaza principal no son los golpes militares, sino líderes elegidos que desmantelan los contrapesos apelando a una legitimidad popular.
Las perspectivas para 2026 no auguran un panorama alentador. El propio EIU califica la situación regional como ‘incierta’, citando elecciones presidenciales de alto riesgo en Perú, Colombia y Brasil, con potencial de polarización y daño democrático. A esto se suma una posible reconfiguración del equilibrio geopolítico bajo un segundo gobierno de Donald Trump, cuya política exterior podría validar a líderes iliberales en la región, y un deterioro generalizado de la seguridad que convierte cada ciclo electoral en una apuesta institucional de alto riesgo. Sobre una base de confianza interpersonal del 15% y una confianza en los partidos políticos del 17%, cada una de estas elecciones podría ser un hito de reafirmación democrática o un peldaño más en su erosión gradual.
Por consiguiente, la pregunta estratégica crucial ya no es si la democracia latinoamericana sobrevivirá como concepto. Los datos sugieren que, como aspiración, probablemente lo hará. La verdadera interrogante es qué significará la palabra ‘democracia’ en la próxima década: si mantendrá sus definiciones tradicionales de elecciones competitivas, contrapesos efectivos, prensa libre, alternancia y garantías de derechos, o si se reducirá a una etiqueta maleable que cualquier gobierno pueda adjudicarse sin consecuencias reputacionales. Esta batalla fundamental no se dirime en los informes cuantitativos, sino en la reconstrucción de esa confianza interpersonal del 15% y la confianza en las instituciones que la hacen posible.
Es imperativo, por tanto, que los gobiernos, los partidos políticos y los actores de la sociedad civil de la región reconozcan el repunte de 2024 y 2025 no como un punto de llegada, sino como una ventana de oportunidad precaria. Reconstruir la legitimidad de las instituciones democráticas—mediante reformas judiciales que aseguren la independencia, partidos políticos con reglas internas creíbles, parlamentos que recuperen su función de control y representación, y políticas públicas que reduzcan la distancia entre el Estado y el ciudadano, proporcionando los avances sociales y económicos que la democracia promete—es la única vía para que la mejora estadística se traduzca en una consolidación real. De lo contrario, la democracia en América Latina subsistirá como un mero vocablo en las encuestas, pero su esencia como práctica institucional concreta continuará vaciándose, una dinámica que, como ha demostrado la historia reciente del continente, inevitablemente conduce a la pérdida del valor intrínseco de la palabra misma.Si le ha parecido interesante este análisis, le invitamos a compartirlo y a dejar su opinión en los comentarios.
