A pesar de la estricta prohibición impuesta por el gobierno venezolano desde mediados de 2024, la actividad de ‘minería de Bitcoin’ persiste dentro de sus fronteras, contribuyendo de manera notable al hashrate global. Datos recientes revelan que Venezuela aporta aproximadamente 5 exahashes por segundo (EH/s) a la red de Bitcoin, lo que representa un 0.5% del total mundial. Esta continuidad operativa subraya un desafío directo a las políticas estatales y expone la complejidad de regular tecnologías descentralizadas en economías volátiles.
La información, obtenida del mapa de calor de Hashrate Index para el segundo trimestre de 2026, plataforma de análisis de Luxor Technology, se basa en una metodología robusta que incluye datos de pools de minería, flujos de equipos ASIC y patrones de adopción de firmware con geolocalización. La detección de tráfico de minería activo con origen venezolano valida la existencia de operaciones, sean estas formales, semi-legítimas o clandestinas. Este mecanismo de verificación global ofrece una perspectiva independiente sobre la adopción y resistencia de las criptomonedas en jurisdicciones con marcos regulatorios hostiles.
El consumo energético asociado a estos 5 EH/s se estima en alrededor de 400 megavatios (MW), suponiendo una eficiencia promedio de 80 J/TH. Si bien esta cifra es una fracción menor de la capacidad instalada nominal del país (superior a 30 GW), contrasta significativamente con la capacidad de generación efectivamente despachable, estimada entre 12 y 14 GW. Este escenario es particularmente delicado dado que Corpoelec, la estatal eléctrica, ha reportado que el consumo eléctrico nacional alcanzó los 15.579 MW, el máximo en nueve años, exacerbando la ya crítica situación del servicio eléctrico en el país, donde el 35% de los hogares experimenta cortes diarios.
La persistencia de la minería en Venezuela no es un fenómeno aislado, sino una manifestación de dinámicas económicas y sociales más profundas. En un país marcado por la hiperinflación y la devaluación monetaria, las criptomonedas han emergido históricamente como un refugio de valor y un medio para eludir los controles cambiarios. Para muchos ciudadanos, la minería de Bitcoin representa una de las pocas vías para generar ingresos en divisas fuertes, o al menos preservar el poder adquisitivo, operando en los márgenes de una economía formal severamente constreñida y asfixiada por sanciones internacionales.
La respuesta del gobierno ha sido un endurecimiento de la postura, que ahora incluye operativos de supervisión especiales y la promesa de sanciones para quienes operen sin autorización. La reciente medida del gobernador de Carabobo, ofreciendo recompensas de USD 1.000 a ciudadanos que reporten granjas de minería digital, ejemplifica la escalada en el esfuerzo por erradicar estas actividades. Este enfoque punitivo contrasta con etapas anteriores donde el propio Estado intentó regular y hasta promover la minería a través de registros y licencias, demostrando la volatilidad y la inconsistencia de la política estatal hacia las criptomonedas.
No obstante, los expertos de Hashrate Index enfatizan que el principal impedimento para un crecimiento sustancial de la minería en Venezuela no es la disponibilidad energética, sino la ausencia de un marco legal claro y estable que brinde seguridad jurídica y financiera al capital invertido. Mientras el país carezca de una política coherente y protectora para los inversores en activos digitales, la minería seguirá siendo una actividad marginal y arriesgada, impulsada por la necesidad económica y la oportunidad tecnológica, pero siempre bajo la sombra de la ilegalidad y la persecución estatal. Esto configura un ecosistema donde la innovación y la resiliencia chocan frontalmente con el control y la incertidumbre regulatoria.
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