El caso de Andriy Shepitsen, un inmigrante ucraniano detenido en Miami, ha encendido nuevamente las alarmas sobre las deficiencias críticas en la atención sanitaria dentro de los centros de detención migratoria de Estados Unidos. La situación, descrita por su familia y abogados como un flagrante ‘abandono médico’, destaca una problemática recurrente que organizaciones de derechos humanos han denunciado durante años: la falta de acceso oportuno y adecuado a tratamientos esenciales para personas con condiciones de salud preexistentes, especialmente en el ámbito psiquiátrico.
Shepitsen, de 46 años y originario de Kiev, fue aprehendido en diciembre de 2025 por la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras la expiración de su visa de estudiante. Su detención y subsiguiente traslado por diversas instalaciones en Florida, incluyendo el centro de Krome, se han visto marcados por la alegación de que el hombre, diagnosticado con trastorno bipolar y depresión mayor, ha pasado meses sin recibir la medicación psiquiátrica diaria indispensable para su estabilidad, lo que ha resultado en un severo deterioro de su salud mental, a pesar de las repetidas alertas sobre su estado, incluyendo la mención de pensamientos suicidas.
Este incidente no es aislado y resalta una preocupación global respecto al trato de los detenidos. Normativas internacionales, como las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (conocidas como Reglas Mandela), establecen que todas las personas privadas de libertad tienen derecho a una atención médica equivalente a la disponible para la comunidad exterior, con especial énfasis en la salud mental. La omisión de estos principios en centros de detención migratoria genera un dilema ético y legal considerable, afectando la dignidad y los derechos fundamentales de los individuos.
Las acusaciones contra ICE se enmarcan en un contexto más amplio de críticas documentadas por diversas organizaciones no gubernamentales y agencias de supervisión. Informes de entidades como Human Rights Watch o la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) han detallado fallos sistémicos en la provisión de servicios de salud en instalaciones migratorias, desde la escasez de personal médico cualificado hasta demoras en la derivación a especialistas y la interrupción de tratamientos vitales, fenómenos que se magnifican cuando se trata de patologías psiquiátricas complejas.
La respuesta de las autoridades migratorias, que niegan las acusaciones y afirman que Shepitsen ha recibido atención y ha rechazado la medicación, contrasta fuertemente con la versión de sus defensores. Esta discrepancia subraya la opacidad inherente a estos sistemas y la dificultad que enfrentan los equipos legales para monitorear y asegurar el cumplimiento de los protocolos de atención, dejando a los detenidos en una situación de extrema vulnerabilidad y dependencia de la voluntad administrativa.
La eventual deportación de un individuo con un estado de salud mental gravemente comprometido a un país en conflicto como Ucrania plantea interrogantes adicionales sobre la responsabilidad humanitaria de Estados Unidos. Más allá de la legalidad de la detención, la comunidad internacional observa estos casos como indicadores de la calidad del compromiso de un país con los derechos humanos universales, incluso para aquellos cuya situación migratoria es irregular. La lucha por la atención médica urgente de Shepitsen es, en esencia, una batalla por el respeto a la vida y la dignidad en el sistema migratorio global.
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