La Corte Constitucional de Colombia ha dictaminado un significativo Freno Constitucional al cobro de la segunda cuota del impuesto de emergencia al patrimonio, que afectaba directamente a universidades, fundaciones y empresas en proceso de liquidación. Esta medida cautelar, que detiene el pago programado para el 4 de mayo, surge en medio de profundas dudas sobre la legalidad y constitucionalidad de un tributo establecido mediante un decreto de emergencia. La decisión, aunque provisional, ofrece un respiro crucial a entidades con grandes activos inmovilizados, evidenciando la compleja tensión entre las necesidades fiscales del Estado y la capacidad económica de sectores vitales para el desarrollo social y educativo del país.
Expertos en derecho tributario han calificado la determinación judicial como ‘acertada y necesaria’, al prever que podría evitar la consolidación de una carga fiscal con serias deficiencias técnicas y jurídicas. La suspensión del segundo pago alivia la asfixia de liquidez a la que se enfrentan estas organizaciones, permitiéndoles reevaluar su situación financiera sin la inminente presión de un gravamen potencialmente inconstitucional. Sin embargo, este beneficio no se extiende automáticamente a todas las empresas afectadas por el decreto, instando a otros contribuyentes a buscar sus propias vías legales si consideran que sus casos presentan argumentos similares de inconstitucionalidad.
El contexto de esta medida se remonta a la declaración de emergencia económica de febrero, decretada por el presidente Gustavo Petro a raíz de las devastadoras inundaciones que azotaron ocho departamentos de la Costa Caribe, dejando a más de 140.000 damnificados. El decreto 173, emitido bajo este paraguas, introdujo un impuesto temporal al patrimonio para empresas con activos netos superiores a los 10.474 millones de pesos colombianos. Con una tarifa general del 0,5%, que ascendía hasta el 1,6% para bancos, aseguradoras y empresas extractivas, el Gobierno buscaba recaudar una cifra multimillonaria, mientras que analistas como Anif estimaban un potencial aún mayor.
La controversia surge precisamente de la aplicación de este impuesto a entidades sin ánimo de lucro, tales como universidades privadas y fundaciones, que, a pesar de poseer vastos patrimonios en infraestructura y equipamiento, carecen de la liquidez necesaria para afrontar un tributo de esta magnitud. La comparación de esta situación con la obligación de pagar una deuda vendiendo la propia vivienda ilustra la complejidad. El gremio de instituciones de educación superior, Ascún, ha señalado que entre 75 y 80 universidades privadas se encontraron atrapadas en esta disyuntiva, lo que representa un riesgo para su operatividad y continuidad de sus servicios educativos y sociales.
El futuro de este impuesto pende de un fallo de fondo de la Corte Constitucional. Si la Corte declara la inexequibilidad de los decretos con efectos retroactivos, se abriría la puerta a mecanismos de devolución de lo ya pagado por los contribuyentes. Por el contrario, un aval de la medida o la omisión de pronunciarse sobre los efectos temporales implicaría que quienes no pagaron la primera cuota deberían ponerse al día con el impuesto y los intereses de mora. La decisión de la Corte es vista por algunos como una señal que delimita los alcances del Estado al imponer gravámenes sobre patrimonios que carecen de fácil liquidación, sugiriendo un límite a lo que podría considerarse un impuesto ‘confiscatorio’ e inconstitucional.
Esta deliberación judicial se inscribe en un ‘momento político tenso’ en Colombia, sirviendo de antesala a las elecciones próximas y en un año donde el déficit fiscal supera el 6%. El Gobierno de Petro ha recurrido al estado de excepción en varias ocasiones, siendo esta la cuarta declaratoria en menos de tres años, y la más reciente emergencia económica previa fue tumbada por la misma Corte en abril. La decisión actual representa un golpe fiscal para la administración, que enfrenta cuestionamientos sobre su política económica, evidenciados también por las banderas rojas del Comité Autónomo de la Regla Fiscal.
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