Un mes después de los devastadores sismos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron el norte de Venezuela, la tragedia humana en la costa de La Guaira persiste con una crudeza que desafía las cifras oficiales y la resignación. Miles de familias continúan la angustiante búsqueda de sus seres queridos, sepultados bajo toneladas de escombros, mientras la falta de transparencia gubernamental agrava un dolor ya inmenso. El caso de Mariuth Arenas, quien aún lucha por rescatar el cuerpo de su sobrino, José David Vera Arenas, ejemplifica la desesperación de quienes enfrentan la interrupción de las labores de búsqueda, sintiéndose abandonados en su clamor por justicia y un cierre digno. La promesa de ‘no abandonar a nadie bajo las ruinas’ choca con una realidad donde la maquinaria oficial se retira, dejando a ciudadanos comunes a cavar con sus propias manos.
La inconsistencia en la información oficial sobre los ‘desaparecidos tras el terremoto’ contrasta marcadamente con los esfuerzos ciudadanos. Si bien el balance oficial registra más de 5,200 muertos y 16,000 heridos, el número de personas no localizadas sigue siendo una incógnita. Mientras el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) convoca a la toma de muestras de ADN para la identificación de cuerpos, esta iniciativa llega tarde para aquellos ya inhumados en fosas comunes, según reportes, sin previa identificación. Las estimaciones extraoficiales varían drásticamente, desde las 10,000 personas sin localizar en La Guaira según declaraciones parlamentarias, hasta las 50,000 que la ONU recibió como cifras no confirmadas, evidenciando una brecha de información crítica que sume en la zozobra a miles.
Esta opacidad no solo es una cuestión estadística, sino una vulneración directa al derecho de las familias a conocer la verdad y dar sepultura a sus muertos. La experiencia de Gloriyen Aris, buscando a su prima Sacha Chagua, ilustra la ardua labor de ‘inteligencia’ que los familiares deben emprender por sí mismos, recorriendo la zona cero y reconstruyendo los últimos momentos de sus allegados. El hallazgo del vehículo de Sacha desvalijado junto a un edificio colapsado, y el robo de grabadores de cámaras de seguridad, no solo subraya la magnitud de la devastación sino también la compleja realidad de seguridad y la ausencia de control en las áreas afectadas.
En un país con una alta tasa de emigración en la última década, la tragedia revela una capa adicional de complejidad: la existencia de víctimas que no son reclamadas por nadie, ya sea porque sus familias también emigraron o simplemente no existen registros para identificarlas. Se calcula que en algunos edificios colapsados podrían haber fallecido decenas de personas que nadie busca activamente, lo que plantea un desafío humanitario y forense sin precedentes. La desesperación de no saber si un ser querido está vivo o muerto, y la gradual extinción de la esperanza, culminan en el anhelo universal de poder, al menos, encontrar un cuerpo para el rito funerario y el duelo.
Frente a la inacción oficial, han surgido plataformas ciudadanas como ‘Desaparecidos Terremoto Venezuela’ y ‘Venezuela Reporta’, que en las primeras horas del sismo recibieron miles de reportes y hoy mantienen decenas de miles de casos activos. Estas iniciativas, nacidas de la solidaridad y la necesidad urgente de información, han operado sin ningún tipo de contacto o colaboración por parte de las autoridades, lo que sugiere una desconexión preocupante entre el Estado y las necesidades reales de la población afectada. La magnitud de estos registros ciudadanos, aunque no todos representen fallecidos bajo los escombros, sí refleja la abrumadora escala del desastre humanitario y la crisis de confianza en las instituciones.
La autoorganización comunitaria se ha manifestado también en grupos como ‘Los Topos’, en Caraballeda y Tanaguarenas, quienes, con medios rudimentarios y colectas vecinales, han excavado galerías de hasta 18 metros en estructuras inestables, recuperando cuerpos donde la ayuda estatal ha sido insuficiente o se ha retirado. Este esfuerzo heroico y autogestionado, que se ha ‘acostumbrado a comer y dormir con el olor’ de la muerte, contrasta con la promesa gubernamental de entregar 4,000 viviendas entre julio y diciembre, frente a una necesidad estimada de 25,000 y miles de damnificados aún en campamentos improvisados. La disparidad entre la respuesta oficial y la acción ciudadana subraya la urgencia de una gestión de crisis más coordinada y humana, que priorice la dignidad de las víctimas y la paz de sus familias.
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