La presidencia de Keiko Fujimori en Perú ha marcado un hito significativo en la diplomacia regional al anunciar el restablecimiento de los vínculos diplomáticos con México, una relación que había experimentado tensiones notables. Este movimiento, culminado con la inminente designación de embajadores por ambas naciones, simboliza un esfuerzo concertado por normalizar las interacciones bilaterales y avanzar hacia una agenda de cooperación mutua, superando un periodo de distanciamiento que capturó la atención de la comunidad internacional.
La ruptura previa se originó directamente del asilo diplomático concedido por México a Betssy Chávez, ex-Presidenta del Consejo de Ministros de Perú, quien enfrentaba graves acusaciones en su país por su presunta implicación en el intento de quiebre constitucional de diciembre de 2022. Para las autoridades peruanas, la situación de Chávez constituía un delito común, alejado de la figura de persecución política. Sin embargo, la decisión soberana de México, amparada en la Convención de Caracas de 1954 sobre Asilo Diplomático, consideró el caso bajo el prisma de un delito político, lo que generó un profundo desacuerdo y la posterior retirada de embajadores.
La voluntad de restablecer estas relaciones, declarada por la presidenta Fujimori desde el inicio de su mandato, fue comunicada al canciller Carlos Espá, quien lideró las coordinaciones para este desenlace. Este acercamiento refleja el compromiso de ambos gobiernos con los principios del derecho internacional y el respeto al Estado de Derecho. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, también confirmó el diálogo con el nuevo gobierno peruano, enfatizando la buena voluntad y la importancia de los lazos históricos entre ambos países, a pesar de mantener su postura de apoyo a la figura del expresidente Pedro Castillo.
La entrega del salvoconducto a la señora Chávez representa un punto crítico en este proceso de normalización. Si bien la justicia peruana la había condenado en primera instancia por conspiración para la rebelión, la decisión de otorgar el salvoconducto se basó en el reconocimiento de la Convención de Caracas, que otorga al Estado asilante la potestad de calificar la naturaleza del delito. Este acto, ejecutado con la máxima confidencialidad y con el apoyo de Brasil en la gestión logística, permitió a Chávez viajar a México, desactivando uno de los principales obstáculos para el diálogo bilateral. El canciller Espá subrayó que Perú actúa como un gobierno institucional, respetuoso de sus compromisos internacionales, incluso cuando existen diferencias de criterio sobre la calificación de un delito.
Más allá del caso particular de la exprimera ministra, la reanudación de las relaciones diplomáticas entre Perú y México es un reflejo de la necesidad de estabilidad y cooperación en el contexto geopolítico latinoamericano. Ambos países son pilares de la Alianza del Pacífico, un bloque estratégico para la integración económica y comercial de la región. El restablecimiento pleno de sus relaciones permite revitalizar esta y otras plataformas de diálogo, promoviendo la libre circulación de personas, bienes, servicios y capitales, elementos esenciales para el desarrollo y la prosperidad compartida. Este episodio subraya la resiliencia de la diplomacia y su capacidad para mediar en situaciones complejas, priorizando los intereses de estado a largo plazo sobre las coyunturas políticas inmediatas, aunque las diferencias ideológicas o interpretativas subsistan en ciertos ámbitos.
Si le ha parecido interesante este análisis, le invitamos a compartirlo y a dejar su opinión en los comentarios.