En el Perú contemporáneo, el ejercicio del periodismo se ha transformado en una labor de alto riesgo, una situación que socava los cimientos de la ‘Libertad de Prensa’ y la gobernanza democrática. La nación andina experimenta un preocupante recrudecimiento de la violencia contra quienes buscan informar, revelando un panorama donde la búsqueda de la verdad puede tener consecuencias fatales. Este clima de intimidación y agresión sistemática no solo silencia voces individuales, sino que vulnera el derecho fundamental de los ciudadanos a acceder a información verificada, indispensable para la toma de decisiones conscientes en cualquier sociedad que se precie de ser democrática.
Desde 2025, el país ha sido testigo del asesinato de cinco profesionales de la comunicación en el cumplimiento de su deber, una cifra alarmante que no tiene precedentes en lo que va del siglo XXI. Nombres como Gastón Medina en Ica y Raúl Celis en Iquitos resuenan como trágicos recordatorios de esta escalada. Es crucial señalar que, en la mayoría de estos lamentables episodios, los periodistas habían reportado amenazas previas, un patrón que subraya la premeditación y la impunidad que a menudo rodean estos crímenes. Esta dramática realidad se refleja en el descenso de Perú en el Índice Mundial de Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras, ubicándolo en el puesto 144, dentro de la categoría de naciones con libertad de prensa restringida, una tendencia preocupante que se observa en otras latitudes de la región.
La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) ha documentado, solo hasta mayo de 2026, 140 ataques dirigidos contra la prensa, manifestados en diversas modalidades. Las amenazas directas, el acoso judicial mediante demandas frívolas, y la imposición de trabas administrativas y físicas a la cobertura de eventos noticiosos, son las tácticas más recurrentes. Estas acciones no solo dificultan el trabajo cotidiano de los reporteros, sino que generan un efecto disuasorio, conocido como ‘efecto escalofriante’, que busca la autocensura. Este fenómeno no es exclusivo de Perú; globalmente, se observa un incremento en el uso de herramientas legales y digitales para silenciar a la prensa, desde litigios estratégicos contra la participación pública (SLAPPs por sus siglas en inglés) hasta campañas de desprestigio en línea, minando la credibilidad periodística.
A las presiones físicas y judiciales se suman los intentos de instrumentalización del marco legal. El anterior Congreso peruano impulsó iniciativas normativas que, bajo el pretexto de regular el periodismo, buscaban efectivamente restringir la investigación sobre corrupción y otros abusos de poder. Simultáneamente, la ‘revolución’ de la inteligencia artificial está reestructurando drásticamente el modelo de negocio de los medios de comunicación a escala global, generando una mayor precariedad económica. Esta fragilidad estructural no solo compromete la sostenibilidad de las empresas periodísticas, sino que expone a los profesionales a una vulnerabilidad acentuada frente a las presiones económicas, políticas y del crimen organizado, que buscan influir o controlar la narrativa pública.
Pese a este complejo entramado de desafíos, el periodismo peruano persiste con una resiliencia encomiable. Desde las redacciones centralizadas, a menudo con recursos menguantes, hasta los corresponsales en regiones remotas, donde informar puede significar vivir bajo amenaza constante, los periodistas continúan su labor. La máxima de Gustavo Mohme Llona, fundador de un influyente diario peruano, de ‘ser la voz de los sin voz’, encapsula la esencia de este compromiso ético. En esta convicción se fundamenta la respuesta de los profesionales: a mayores amenazas, más y mejor periodismo, una defensa inalienable de la verdad y de los pilares democráticos.Si le ha parecido interesante este análisis, le invitamos a compartirlo y a dejar su opinión en los comentarios.
