A escasos días de las elecciones regionales y municipales en Perú, un fenómeno que desafía la transparencia del proceso electoral ha capturado la atención pública: la persistencia de candidaturas excluidas que continúan solicitando el voto ciudadano. La ‘exclusión electoral’, un mecanismo legal diseñado para asegurar la idoneidad de los postulantes, se ha convertido en un punto de fricción, generando confusión y socavando la confianza en la recta final de la contienda. Pese a las resoluciones firmes de las autoridades, el proselitismo de aspirantes inhabilitados persiste, evidenciando una brecha en la aplicación efectiva de la normativa.
El contexto de estas elecciones es masivo, con más de 26 millones de ciudadanos convocados a las urnas para elegir a 13.148 autoridades regionales y locales. La inscripción de candidaturas cerró el 5 de septiembre, fecha en que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) oficializó a más de 82.000 postulantes. Sin embargo, el marco legal peruano contempla dos herramientas principales para la depuración de listas: la ‘tacha’, que permite a cualquier ciudadano impugnar una candidatura por presuntas infracciones, y la ‘exclusión’, iniciada por las propias autoridades electorales ante anomalías normativas. Ambos procedimientos buscan salvaguardar la probidad y la observancia de la Constitución, garantizando que solo los candidatos elegibles figuren en la papeleta.
Desde una perspectiva jurídica, la firmeza de una decisión de tacha o exclusión implica la pérdida definitiva de la condición de candidato para el afectado. El especialista en Derecho Electoral, Julio César Silva, enfatiza que, una vez notificada y agotadas todas las instancias, la persona ‘jurídicamente ya deja de tener esa condición de candidato’, lo que significa que su nombre no puede ser sometido a votación. En el caso de listas municipales, la exclusión del candidato principal puede permitir la continuidad de la lista, con el siguiente regidor asumiendo el cargo en caso de victoria. No obstante, para las candidaturas regionales a gobernadores, la exclusión del titular invalida la inscripción de la fórmula completa, subrayando la rigurosidad de la ley para cargos de mayor envergadura.
La controversia se agudiza con casos concretos que han saltado a la palestra. Mauricio Nina, aspirante a la alcaldía provincial de Sánchez Cerro, fue excluido por no declarar una sentencia firme por delito doloso, pero sus publicaciones en redes sociales continuaron promoviendo su campaña hasta finales de septiembre. Situaciones similares se observaron con Raúl Mamani y Jesús ‘Koko’ Giles, excandidatos con condenas por violencia contra la mujer y negociación incompatible, respectivamente. El JNE ha alertado sobre esta ‘publicidad engañosa’, que ‘confunde a la ciudadanía’ en diversas regiones, llevando incluso a Jurados Electorales Especiales (JEE) a remitir información a la Fiscalía, lo que podría desencadenar investigaciones por ilícitos electorales y sanciones administrativas como amonestaciones o multas.
Un aspecto que reabre el debate y la complejidad del sistema es la posibilidad de reincorporación de candidatos mediante medidas cautelares judiciales. A pesar del principio de preclusión, que establece la inalterabilidad de las fases electorales y la inmodificabilidad del cronograma, algunos Jurados Electorales Especiales han acatado disposiciones judiciales que ordenan la restitución de candidaturas. Este fenómeno genera una tensión entre la autonomía del Poder Judicial y la especialidad y celeridad de los procesos electorales, donde los plazos son perentorios y cualquier alteración puede comprometer la logística y la certeza de los comicios.
La interpretación de la normativa por parte de los Jurados Electorales Especiales, que gozan de cierta autonomía, puede variar, dando lugar a decisiones dispares que no siempre coinciden con la línea interpretativa del JNE. Esta heterogeneidad de criterios añade una capa de incertidumbre al proceso, especialmente en las etapas finales. Expertos coinciden en que, cuanto más cerca esté la fecha de la elección, la reincorporación de un candidato se vuelve logísticamente más complicada y jurídicamente más cuestionable, dada la necesidad de imprimir cédulas, actualizar registros y comunicar eficazmente a los votantes sobre la validez de cada candidatura.
Para fomentar la transparencia y ofrecer herramientas a la ciudadanía, las autoridades electorales han dispuesto plataformas como ‘Voto Informado’ y la ‘Plataforma Electoral del JNE’. Estos recursos digitales permiten a los electores verificar en tiempo real el estatus de los candidatos, sus resoluciones de exclusión o habilitación, y otra información relevante. La verificación ciudadana se erige así como un pilar fundamental para contrarrestar la desinformación y asegurar un voto consciente e informado, crucial para la legitimidad de las autoridades electas.Si le ha parecido interesante este análisis, le invitamos a compartirlo y a dejar su opinión en los comentarios.
