El Gobierno de Panamá ha propuesto un proyecto de presupuesto nacional para 2027 que asciende a 35.111 millones de dólares, marcando un incremento modesto del 0,6 % respecto al presupuesto vigente de este año. Esta cifra, si bien es históricamente elevada en la trayectoria ascendente de los presupuestos panameños, refleja una reorientación estratégica. Las autoridades han manifestado que este diseño presupuestario prioriza la inversión social y la sostenibilidad fiscal, pilares fundamentales para abordar el complejo ‘Desafío Fiscal’ que enfrenta la nación centroamericana.
La propuesta, que ahora espera la aprobación de la unicameral Asamblea Nacional, se presenta en un contexto de considerable escrutinio económico. El ligero aumento de 197,9 millones de dólares sobre el presupuesto modificado de 2026 no denota una expansión generalizada del gasto público, sino una deliberada ‘recomposición de prioridades’. Este enfoque es particularmente relevante después de que Panamá perdiera el grado de inversión por parte de Fitch en marzo de 2024, un evento que subrayó la urgencia de una gestión fiscal prudente y estratégica por parte de la administración del presidente José Raúl Mulino.
La decisión de Fitch de retirar el grado de inversión se cimentó en dos factores críticos: el cierre abrupto de la gran mina de cobre, Cobre Panamá, que representaba un 5 % del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, y un deterioro fiscal acumulado. Este último impulsó incrementos significativos en la relación deuda pública/PIB y en la carga de intereses/ingresos desde 2019, bajo la administración anterior de Laurentino Cortizo. A pesar de esto, Moody’s y Standard and Poors (S&P) ratificaron el grado de inversión en noviembre pasado, aunque Moody’s mantuvo una ‘perspectiva negativa’, señalando la necesidad de consolidación fiscal sostenida y fortalecimiento institucional.
Un elemento clave de este proyecto es la reducción del 7,8 % en el presupuesto del Gobierno Central, que se situará en 16.534,5 millones de dólares. El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, aclaró que esta variación obedece principalmente al calendario del Servicio de la Deuda Pública, y no a una disminución en los programas esenciales del Estado. La asignación para el servicio de la deuda pública en 2027 se proyecta en 5.496,1 millones de dólares, un 30,8 % menos que en el año actual, producto de vencimientos y operaciones de financiamiento, lo que subraya la naturaleza coyuntural de esta reducción y la necesidad de una estrategia de deuda a largo plazo.
En el ámbito social, el presupuesto destina cerca de 3.400 millones de dólares para subsidios y programas de apoyo económico. De esta cifra, 1.044 millones de dólares están dirigidos al Fondo Único Solidario de la Caja del Seguro Social. Este fondo es vital para centralizar los ingresos que financian las prestaciones económicas, pensiones y subsidios de los asegurados, representando un pilar fundamental para la cohesión social y la estabilidad del sistema de seguridad panameño frente a retos demográficos y económicos futuros.
Además de la inversión social, el plan para 2027 contempla una robusta inversión de 12.564 millones de dólares en proyectos de infraestructura y servicios esenciales. José Ramón Icaza, secretario de Metas Presidenciales, detalló que estos fondos se destinarán a áreas como agua, vivienda, carreteras, transporte, salud, educación, cultura y deportes. Este compromiso con la inversión pública busca estimular la economía, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y sentar las bases para un crecimiento sostenible, a pesar de las actuales restricciones fiscales y la necesidad de mantener la disciplina económica.
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