La Organización de Estados Americanos (OEA) ha convocado una reunión urgente de cancilleres, un movimiento diplomático de significativa envergadura, con el propósito de abordar la grave situación en Nicaragua. Esta cita, impulsada por Estados Unidos, surge ante la inminente aprobación por parte del Congreso nicaragüense de una reforma constitucional que, en esencia, busca la ‘Eliminación de Elecciones’ competitivas, al excluir a la oposición de participar y establecer mandatos presidenciales prolongados y ‘renovables’. La determinación de la OEA subraya la creciente preocupación internacional por el deterioro del orden democrático en la nación centroamericana.
La reforma en cuestión proyecta un mandato presidencial de siete años, susceptible de renovación indefinida, una maniobra interpretada por observadores internacionales como un claro intento de perpetuar en el poder a los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo. Este desarrollo no es un hecho aislado, sino que se inscribe en un patrón de consolidación autoritaria que se ha agudizado desde las protestas de 2018. Aquellos eventos, cuya represión dejó un saldo de aproximadamente 350 muertos según informes de la ONU y forzó a cientos de miles al exilio, marcaron un punto de inflexión, estableciendo un control férreo del binomio presidencial sobre la sociedad nicaragüense.
Históricamente, la OEA ha celebrado numerosas sesiones sobre Nicaragua, las cuales, en su mayoría, culminaron en meros comunicados de condena. No obstante, la actual convocatoria a nivel de cancilleres representa un escalón superior en la presión diplomática. Michael Kozak, un influyente responsable en el Departamento de Estado, articuló la necesidad de ‘acciones reales’ más allá de las condenas, advirtiendo que la inacción institucional podría ser percibida por el régimen como un signo de fatiga. Esta reunión podría catalizar decisiones concretas, como rupturas o degradaciones de nexos diplomáticos, o incluso la imposición de presiones económicas más severas, a pesar de que Nicaragua se retiró del foro en noviembre de 2023, anulando la posibilidad de una expulsión formal.
La votación en el Consejo Permanente de la OEA, que resultó en 29 votos a favor, uno en contra de Brasil y la abstención de México, revela la complejidad de las dinámicas regionales. El embajador brasileño, Benoni Belli, expresó su cautela, señalando que ‘no queremos que ningún medicamento mate al paciente’, aludiendo a posibles sanciones que podrían agravar la situación de la población. En contraste, el embajador argentino, Carlos Cherniak, calificó la situación como ‘urgente’ y cuestionó si un régimen que cancela la democracia no se convierte en una ‘plataforma para organizaciones criminales’, evidenciando la dicotomía de posturas dentro del hemisferio respecto a la intervención.
Más allá de las condenas políticas, la presión económica emerge como una herramienta fundamental en el arsenal internacional. Pese a las tensiones políticas y la presión ejercida por administraciones anteriores en Estados Unidos, este país sigue siendo el principal socio comercial de Nicaragua. Adicionalmente, el gobierno de Ortega-Murillo ha dependido de créditos de bancos internacionales y del Fondo Monetario Internacional (FMI). Esta dependencia ofrece un flanco vulnerable que la oposición en el exilio ha instado a la comunidad internacional a explotar mediante ‘acciones económicas concretas’ para forzar un cambio en la postura del régimen.
El historial de represión del gobierno nicaragüense incluye episodios de notoria gravedad. En 2021, el régimen encarceló a candidatos presidenciales de la oposición, para luego desterrarlos y despojarlos de su ciudadanía bajo acusaciones de ‘traición a la patria’. Esta medida se extendió a cerca de medio millar de activistas políticos, humanitarios, intelectuales, periodistas y sacerdotes. Este patrón de despojo de derechos y libertades cívicas, que se remonta al regreso de Ortega al poder en 2007, consolida la crítica de que el país ha transitado hacia una ‘dictadura dinástica’, con el poder concentrado en la familia gobernante.
La preocupación por el futuro de Nicaragua se intensifica con la incertidumbre en torno a la salud de Daniel Ortega, quien padece lupus y problemas renales. En este contexto, la oposición en el exilio ha advertido que la ‘eliminación de elecciones’ y la reforma constitucional buscan asegurar una sucesión dinástica dentro del clan Ortega-Murillo, afianzando un modelo de gobierno que desmantela las instituciones democráticas y prolonga una crisis que impacta directamente la estabilidad regional. La comunidad internacional, a través de organismos como la OEA, enfrenta el desafío de diseñar una estrategia efectiva que logre restaurar el respeto por los derechos humanos y la institucionalidad democrática en Nicaragua.
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