Nicaragua se encuentra sumida en una profunda crisis de seguridad jurídica y derechos humanos, marcada por un patrón sistemático de confiscaciones que críticos han denominado la ‘nueva piñata’. La experiencia de la doctora Anely Pérez, desterrada y despojada de su vivienda bajo acusaciones de ‘traición a la patria’ y ‘ciberdelitos’, ilustra la arbitrariedad de un régimen que, desde 2018, ha expatriado a más de 300 opositores. Este fenómeno de Confiscaciones en Nicaragua no solo priva a los individuos de sus bienes materiales, sino que también vulnera principios fundamentales del derecho internacional y representa una continuidad histórica de prácticas que han desestabilizado el país.
La legitimación de estos actos se articula a través de reformas legales como la ‘Ley Especial que Regula la Pérdida de la Nacionalidad Nicaragüense’, aprobada expedita en 2023. Esta legislación no solo desnacionaliza a los disidentes, creando apátridas, sino que también establece la pérdida automática de sus bienes como ‘indemnización’ por supuestos daños al Estado. Este andamiaje jurídico, denunciado por Naciones Unidas, carece de sustento en el derecho comparado y ha permitido que, según el Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción (OPTA), al menos 135 propiedades por más de 250 millones de dólares hayan sido confiscadas, cifra que analistas como Juan Sebastián Chamorro consideran ‘la punta del iceberg’ debido al temor generalizado a represalias.
El mecanismo para despojar y ‘lavar’ estos bienes ha evolucionado hacia una sofisticada ‘ingeniería del blanqueo’, donde los inmuebles pierden su rastreabilidad original. Los denunciantes señalan que el Estado les asigna nuevos códigos internos y los transfiere a entidades públicas, con el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) emergiendo como receptor clave. Esta estrategia no solo rompe la cadena de custodia documental y dificulta futuras reclamaciones, sino que la centralización del Registro Público bajo la Procuraduría General de la República, un órgano estatal, agrava la falta de transparencia, diluyendo la titularidad y encubriendo el origen de la apropiación ilícita.
La retórica oficial busca justificar estas acciones como un beneficio para la población vulnerable, afirmando que los bienes incautados, valorados en ‘varios millones’, serán destinados a los ‘pobres’. Sin embargo, esta narrativa contrasta con la falta de transparencia y el uso discrecional de las propiedades. La reciente aprobación de una ley que declara franjas fronterizas como ‘propiedad del Estado’ bajo pretextos de seguridad, es otro ejemplo de cómo el régimen expande su control. Esta situación menoscaba gravemente la confianza de los inversores extranjeros y provoca alertas de gobiernos como el de Estados Unidos, advirtiendo sobre los riesgos de inversión en Nicaragua.
Las implicaciones de estas confiscaciones trascienden el valor material, afectando el tejido social y la memoria histórica de Nicaragua. Para víctimas como Anely Pérez, la pérdida incluye objetos de valor sentimental incalculable, que ‘ni todo el dinero del mundo podrá pagar’. Este ciclo de despojo, que ya en los años ochenta generó una deuda de más de 2.000 millones de dólares en indemnizaciones, augura nuevas cargas económicas y sociales para el país. Una eventual restitución deberá ir más allá de la compensación económica, abarcando el reconocimiento de la injusticia, la rehabilitación moral de los afectados y un firme respaldo internacional para establecer mecanismos de arbitraje que promuevan la verdad y la reconciliación, esenciales para la estabilidad y el respeto al Estado de derecho.Si le ha parecido interesante este análisis, le invitamos a compartirlo y a dejar su opinión en los comentarios.
