En una coyuntura política marcada por la polarización, Estados Unidos navega un complejo dilema respecto al futuro de su moneda nacional. Pese a las categóricas declaraciones de la administración del presidente Donald Trump y las acciones legislativas del Senado que prohíben explícitamente el desarrollo de una Moneda Digital de Banco Central (CBDC), una persistente exploración de soluciones tecnológicas para un ‘dólar digital’ respaldado por el gobierno se mantiene activa tras bambalinas.
Timothy Massad, quien presidió la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) entre 2014 y 2017, ha articulado públicamente la ‘inevitabilidad’ de un ‘dólar digital’ o una stablecoin estatal a largo plazo. Massad subraya que la globalización de la tokenización de activos y los avances en pagos transfronterizos no dejan a Estados Unidos margen para la inacción, a pesar de su retórica oficial contraria. Esta perspectiva contrasta con la narrativa política dominante, sugiriendo una dualidad estratégica en el enfoque nacional.
La participación estadounidense en el Proyecto Agora del Banco de Pagos Internacionales (BIS) ejemplifica esta aproximación discreta. Esta iniciativa multilateral, que congrega a siete bancos centrales, se enfoca en la experimentación con depósitos tokenizados en plataformas programables, con el objetivo de optimizar la eficiencia y seguridad de los pagos transfronterizos. La activa implicación de Estados Unidos en tales desarrollos técnicos, mientras sostiene una postura pública de rechazo, revela la intrincada realidad de la política monetaria digital.
La oposición política a una CBDC se ha materializado en acciones legislativas significativas. En enero de 2025, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que prohíbe de manera expresa a las agencias federales establecer, emitir o promover monedas digitales de banco central, priorizando en su lugar el impulso a las criptomonedas privadas y las stablecoins emitidas por el sector privado. Esta medida, que además anuló iniciativas previas de la administración Biden, refuerza una visión que percibe el dinero digital estatal como una amenaza a la privacidad y las libertades individuales.
Adicionalmente, en marzo de 2026, el Senado aprobó con un margen considerable una enmienda que busca impedir que la Reserva Federal emita un dólar digital al menos hasta 2030, aunque la legislación aún enfrenta desafíos en la Cámara de Representantes. A nivel internacional, Europa avanza con su euro digital, que ya cuenta con una red de aliados en pruebas y podría tener aceptación obligatoria. Paralelamente, China continúa la expansión del e-CNY (yuan digital), consolidando uno de los proyectos de CBDC más avanzados a nivel mundial.
Este panorama global de rápida adopción de monedas digitales, liderado por potencias económicas clave, ejerce una presión competitiva ineludible sobre Estados Unidos. La visión de Massad se alinea con la necesidad estratégica de garantizar la competitividad en las liquidaciones en cadena, sugiriendo que la inercia tecnológica y la evolución de las finanzas globales terminarán por dictar el desarrollo de alternativas gubernamentales. Aunque una CBDC minorista a gran escala pueda permanecer políticamente inviable por ahora, el trabajo técnico fundamental indica una preparación estratégica a largo plazo.
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