La proximidad de una cita electoral crucial en Colombia se ve ensombrecida por la inminente concentración del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) en Zonas de Ubicación Temporal, un hecho que despierta legítimas suspicacias sobre la integridad del proceso. La decisión de demorar esta concentración hasta después de la segunda vuelta presidencial, específicamente el 25 de junio, plantea un escenario donde el ‘voto coaccionado’ podría incidir directamente en el destino de miles de ciudadanos en regiones bajo el control de este grupo armado. Dada la bien documentada capacidad militar del EGC y su profunda vinculación con el narcotráfico y la explotación ilegal de minerales, la sombra de la intimidación se proyecta sobre la libre expresión democrática, comprometiendo la legitimidad de los comicios.
Este fenómeno de influencia indebida no es una novedad en el panorama político colombiano; constituye un patrón histórico arraigado. Antecedentes como los pactos electorales con las FARC o el apoyo implícito de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) a ciertas candidaturas, posteriormente legalizado bajo el manto de la Ley de ‘Justicia y Paz’, ilustran cómo la gobernanza criminal ha moldeado el tejido político del país. Estos preacuerdos históricos han generado dinámicas de ‘gobernanza criminal’ que, lejos de erradicarse, se han extendido a vastos territorios, con un tácito, y en ocasiones explícito, consentimiento de actores políticos clave, erosionando la soberanía estatal y la autonomía ciudadana en la toma de decisiones electorales.
La anomalía no se limita a un incidente aislado; es la matriz constitutiva de un régimen político que los académicos Jenny Pearce y Juan David Velasco Montoya, en su obra ‘¿Quién manda en Colombia?’, han calificado de ‘electofáctico’. Esta conceptualización subraya cómo la existencia de poderosas economías ilegales ha forjado una dependencia de la trayectoria que permea la sociedad en sus dimensiones económica, política y cultural. La capacidad de mutación de estas economías les permite insertar su influencia en la mentalidad colectiva, normalizando prácticas que atentan contra los principios democráticos más elementales.
La historia económica de Colombia ofrece ejemplos elocuentes de esta simbiosis. Desde la ‘ventanilla siniestra’ del Banco de la República durante la administración de Alfonso López Michelsen, un mecanismo que facilitó la canalización de recursos provenientes de la bonanza marimbera, se observa una estrategia institucionalizada para blanquear fondos de origen ilícito. Esta integración de lo ilegal en el sistema legal ha sido una constante, demostrando cómo la permeabilidad institucional ha servido de conducto para el financiamiento espurio de la política y el control de esferas de poder.
Gabriel García Márquez, con su agudeza característica, sintetizó esta particularidad de la idiosincrasia colombiana al afirmar que ‘en cada uno de nosotros cohabitan, de la manera más arbitraria, la justicia y la impunidad; somos fanáticos del legalismo, pero llevamos bien despierto en el alma un leguleyo de mano maestra para burlar las leyes sin violarlas, o para violarlas sin castigo’. Esta descripción captura la esencia de una ‘simbiosis perfecta de lo ilegal con lo legal’ que, a través de procesos electorales, termina por instaurar una ‘espuria legitimidad democrática’, constantemente asediada y cooptada por los beneficiarios de estas economías ilícitas, quienes financian campañas presidenciales y legislativas, perpetuando su influencia.
Paradójicamente, cada coyuntura electoral revive la preocupación por la corrupción como si fuera una responsabilidad exclusiva del gobierno de turno, obviando que se trata de una ‘matriz constitutiva’ del régimen político. Esta narrativa simplista diluye el problema estructural bajo el paraguas de una ‘corrupción’ genérica, una palabra que atrapa y oculta la verdadera magnitud del problema. Es precisamente en este contexto donde figuras autodenominadas ‘antipolíticos’ emergen con fuerza, presentándose como salvadores de la patria, aunque sus trayectorias profesionales y conexiones previas revelen una cercanía a las estructuras que dicen combatir, ejemplificado en el caso de Abelardo De la Espriella.
La intrínseca relación entre poder político y redes económicas opacas se evidencia en episodios pasados. La campaña para la reelección del expresidente Álvaro Uribe Vélez, por ejemplo, fue objeto de escrutinio por el supuesto apoyo logístico de David Murcia Guzmán, fundador de DMG, una empresa señalada por esquemas de captación ilegal. El mismo Murcia Guzmán admitió haber aportado a un comité promotor del referéndum de reelección de Uribe, usando la infraestructura de su conglomerado para el transporte de firmas. Este tipo de revelaciones subraya la porosidad entre el capital de origen cuestionable y la maquinaria electoral, generando serias dudas sobre la pureza del proceso democrático.
Otro caso que ilustra la complejidad de estas relaciones es la penumbrosa conexión del mencionado Abelardo De la Espriella con Alex Saab, señalado como presunto testaferro del gobierno venezolano. Aunque De la Espriella ha intentado minimizar su rol, argumentando que su asesoría era para negociar con autoridades estadounidenses, su posterior desistimiento de una controversia judicial contra el periodista Daniel Coronell, alegando confidencialidad profesional, generó más interrogantes que respuestas. La opacidad en la política, especialmente cuando se aspira a la Presidencia, es incompatible con la ética pública que exige Immanuel Kant, quien sostenía que ‘son injustas todas las acciones que se refieren al derecho de otros hombres cuyos principios no soportan ser publicados’.
La pregunta ineludible es a favor de quién gobernaría un líder que, en el pasado, ha disociado el derecho de la ética y se ha visto envuelto en conexiones tan delicadas. De ser en favor de sus antiguos clientes, Colombia vería el ascenso de una ‘élite cacocrática’ que se sumaría a las ya identificadas por Pearce y Velasco, consolidando un sistema donde la capacidad transaccional de economías ilegales —desde el narcotráfico hasta sus múltiples mutaciones en narcopolítica y narcoguerrilla— continuaría siendo un factor determinante en los resultados electorales, perpetuando un futuro político incierto y, para muchos, imperfecto.Si le ha parecido interesante este análisis, le invitamos a compartirlo y a dejar su opinión en los comentarios.