En un movimiento crucial para la defensa de los derechos indígenas en América Latina, el pueblo amazónico secoya, conocido también como siekopai o aido pai, ha presentado su demanda ante el Tribunal Constitucional de Perú. La exigencia central de esta comunidad es el reconocimiento pleno de la propiedad sobre 165.000 hectáreas, que históricamente han sido su territorio ancestral. Esta acción legal busca revertir una figura jurídica conocida como ‘cesión en uso’, la cual actualmente restringe su capacidad de poseer el 80% de estas tierras, calificándolas como de aptitud forestal y otorgándolas en calidad de préstamo estatal temporal y revocable.
La singularidad de este caso radica no solo en la magnitud del territorio reclamado, sino en la audiencia celebrada en Iquitos, que marcó la primera vez que los siete magistrados del Tribunal Constitucional sesionaron en presencia de una delegación de líderes secoya. Este encuentro subraya la gravedad de la situación y la determinación del pueblo secoya, cuya población combinada entre Ecuador y Perú apenas supera los 2.000 individuos, una cifra que contrasta drásticamente con los aproximadamente 40.000 que se estima habitaban la región en el pasado, evidenciando una preocupante reducción demográfica vinculada a la pérdida y fragmentación de su hábitat original.
La figura de la ‘cesión en uso’, integrada en la Ley Forestal peruana desde 2015, representa un obstáculo significativo para la autodeterminación y supervivencia de los pueblos indígenas. Esta modalidad, aunque ofrece acceso a la tierra, no confiere la seguridad jurídica inherente a la propiedad plena, dejando a las comunidades vulnerables a decisiones estatales discrecionales y a la presión de industrias extractivas como la maderera, minera o petrolera. La falta de un título de propiedad firme debilita su capacidad para gestionar y proteger sus recursos naturales de manera sostenible, socavando los esfuerzos de conservación en una de las regiones más biodiversas del planeta.
Desde una perspectiva de derecho internacional, la demanda secoya resuena con los principios establecidos en instrumentos como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Estos marcos legales, ratificados por Perú, obligan a los estados a reconocer y proteger los derechos territoriales y la consulta previa, libre e informada de las comunidades originarias. La negación de un título de propiedad pleno se percibe, por ende, como una contravención a estos compromisos internacionales y una forma de despojo que amenaza la pervivencia física y cultural de estos pueblos.
El precedente de este litigio es de vital importancia no solo para el pueblo secoya, sino para la totalidad de la Amazonía peruana y, por extensión, para otros pueblos indígenas en situaciones similares en toda la cuenca amazónica. La decisión del Tribunal Constitucional podría establecer un nuevo estándar en la forma en que el Estado peruano aborda la titulación de territorios ancestrales, marcando un hito en la lucha por la justicia territorial y ambiental. Un fallo favorable reforzaría la autonomía de las comunidades para implementar sus propias estrategias de desarrollo y conservación, contribuyendo a la estabilidad ecológica y social de la región.
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