Keiko Fujimori ha asumido la presidencia del Perú en un contexto de profunda polarización y rechazo inicial, evidenciado por el retiro de congresistas opositores y las protestas ciudadanas. Su discurso inaugural delineó una estrategia de ‘mano dura’ en la seguridad ciudadana, prometiendo el despliegue militar para el control del orden público y un enfoque implacable contra el crimen organizado. Esta postura, aunque busca restaurar la confianza en el Estado, revive memorias históricas de intervención militar en asuntos civiles, un tema sensible en la memoria política peruana.
La propuesta en materia de seguridad va más allá de la mera presencia militar. Fujimori ha anunciado una ambiciosa modernización tecnológica para la Policía Nacional, incluyendo sistemas de videovigilancia interconectados y el uso de inteligencia artificial para la anticipación y mapeo del delito. Este giro tecnológico busca enfrentar no solo la delincuencia común, sino también las complejas redes de mafias nacionales e internacionales que operan en narcotráfico, extorsión, sicariato y minería ilegal, problemáticas que han erosionado la estabilidad social y económica del país por años.
La implicación de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna, especialmente bajo estados de emergencia, es un punto de álgida controversia. Históricamente, en América Latina, la militarización de la seguridad pública ha generado debates sobre la delimitación de roles entre militares y policías, y el respeto a los derechos humanos. Si bien la presidenta argumenta la necesidad de restaurar la autoridad estatal en zonas críticas, la experiencia demuestra que estas medidas requieren un marco legal robusto y una supervisión democrática rigurosa para evitar posibles abusos y garantizar la eficacia a largo plazo sin socavar las libertades civiles.
Más allá de la seguridad, el nuevo gobierno también ha delineado una agenda social enfocada en combatir la desigualdad. La reorganización y relanzamiento de programas de asistencia alimentaria, como el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA), y la prioridad en la primera infancia para reducir la desnutrición crónica y la anemia, reflejan un intento por abordar problemas estructurales. Estos programas, con ecos del gobierno de su padre, buscan extender la mano del Estado a las poblaciones más vulnerables, aunque su efectividad dependerá de una gestión transparente y eficiente, lejos de instrumentalizaciones políticas.
En el ámbito económico, Fujimori ha priorizado la infraestructura como motor de desarrollo, prometiendo nuevas carreteras, corredores logísticos y la culminación de proyectos de transporte masivo como el Metro de Lima y futuros sistemas en Arequipa, Piura y Trujillo. Esta visión, orientada a mejorar la productividad y la conectividad nacional, enfrenta el desafío de su financiación. Expertos han señalado la falta de claridad sobre cómo se sufragarán estas obras, cuyo costo podría representar un porcentaje significativo del Producto Bruto Interno, generando interrogantes sobre la sostenibilidad fiscal y la viabilidad de su ejecución en los plazos propuestos.
Una medida económica adicional, el incremento del salario mínimo, ha generado debate. Aunque representa un cambio en su postura de campaña, la ausencia de precisiones sobre su entrada en vigor y los criterios económicos de implementación alimenta la incertidumbre. Analistas económicos advierten que un aumento sin el respaldo de un estudio técnico exhaustivo podría, paradójicamente, incentivar la informalidad laboral o incluso provocar despidos, especialmente en pequeñas y medianas empresas, distorsionando el mercado laboral y mermando los beneficios pretendidos para los trabajadores.
La conformación del gabinete ministerial también ha sido objeto de análisis. Con solo dos mujeres entre diecinueve carteras y la inclusión de figuras con experiencia en gobiernos pasados junto a perfiles sin trayectoria diplomática o en gestión cultural específica, el equipo refleja una mezcla de continuidad y apuestas arriesgadas. Esta composición será clave para la gobernabilidad y la implementación de las políticas anunciadas, en un escenario donde la oposición y la sociedad civil mantendrán una vigilancia constante sobre las decisiones del Ejecutivo.
El sondeo de Ipsos, revelando que un significativo porcentaje de la población siente ‘preocupación’ ante su elección, subraya el desafío de legitimidad y consenso que enfrenta el gobierno. Superar esta polarización y construir puentes de diálogo, tal como la presidenta invocó, requerirá una gestión que demuestre capacidad para escuchar, negociar y gobernar para todos los peruanos, más allá de las bases de apoyo partidista, en un país que aún pugna por cerrar las heridas de su pasado reciente.Si le ha parecido interesante este análisis, le invitamos a compartirlo y a dejar su opinión en los comentarios.
