La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) se encuentra en el epicentro de una compleja controversia jurídica que pone en tela de juicio la continuidad de Ramón Jesurún en su presidencia. A escasos días de la asamblea que definirá la conformación del nuevo Comité Ejecutivo, la discusión sobre los límites estatutarios para la reelección de dirigentes deportivos ha escalado, involucrando interpretaciones dispares de la normativa vigente y generando una profunda incertidumbre sobre el futuro de la máxima autoridad del fútbol en Colombia. Este escenario no solo afecta la estabilidad administrativa, sino que también incide directamente en la percepción pública y la confianza en la gobernanza deportiva del país.
El núcleo del debate reside en el Decreto 1228 de 1995, el cual establece que los miembros de los órganos de administración de los organismos deportivos, incluido el presidente, pueden ser reelegidos por un máximo de ‘dos periodos sucesivos’ de cuatro años cada uno, lo que equivaldría a doce años de servicio continuo. La ambigüedad surge al intentar contabilizar los mandatos de Jesurún, quien asumió la presidencia de la FCF en 2015. Sus defensores argumentan que solo deben considerarse los periodos para los cuales fue formalmente elegido por la asamblea, excluyendo su primera asunción de cargo.
La llegada de Jesurún a la presidencia en 2015 se produjo en un contexto de profunda crisis institucional, tras la renuncia de Luis Bedoya en medio del escándalo global conocido como ‘Fifagate’, que expuso una vasta red de corrupción en el fútbol mundial. Jesurún, entonces presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), ocupó el cargo de manera interina y posteriormente fue ratificado. Sus partidarios insisten en que su rol previo en Dimayor, que carece de un periodo fijo al ser removible a discreción de su asamblea, no debería computar como un periodo consecutivo en la FCF, defendiendo así su elegibilidad para un nuevo mandato.
Sin embargo, la interpretación contraria, defendida por otros sectores del deporte, sostiene que al ser presidente de la Dimayor, Jesurún era automáticamente el primer vicepresidente del comité ejecutivo de la FCF según los estatutos federativos. Esta vinculación intrínseca al órgano de administración de la Federación, argumentan, debería implicar que su tiempo en Dimayor sí contara para el cómputo de periodos consecutivos. Esta perspectiva subraya la importancia de una lectura holística de los estatutos y la interconexión de los órganos de gobierno del fútbol nacional, buscando evitar resquicios legales que pudieran desvirtuar el espíritu de la limitación de mandatos.
El Ministerio del Deporte, como entidad reguladora, ha optado por una postura cautelosa, declarando su falta de competencia para emitir pronunciamientos vinculantes sobre situaciones que aún no se han materializado y que dependen de la ‘autonomía privada’ de las federaciones. Esta posición, reiterada bajo la gestión de la ministra saliente Patricia Duque, genera un vacío de autoridad que deja la resolución del conflicto en manos de la propia FCF o, potencialmente, de instancias judiciales. La expectativa recae ahora en la nueva ministra, Juliana Gutiérrez, cuya inminente posesión podría reconfigurar la aproximación gubernamental a esta delicada situación.
La tensión se ha materializado con la apelación presentada por el presidente del Cúcuta Deportivo, José Augusto Cadena, contra el Ministerio del Deporte, impugnando la inscripción de Jesurún en el Comité Ejecutivo basándose en los periodos ya cumplidos. Este acto representa la primera impugnación formal desde un club, evidenciando el descontento creciente no solo con la gestión administrativa, sino también con los resultados deportivos recientes de la Selección Colombia, especialmente su eliminación del Mundial, lo que añade una capa de presión popular y mediática a la discusión interna.
Más allá del caso particular de Jesurún, esta situación pone de manifiesto la necesidad de fortalecer la transparencia y la gobernanza en las estructuras deportivas a nivel global. Los principios de buena gobernanza en el deporte, promovidos por organismos como la FIFA y el Comité Olímpico Internacional, abogan por la limitación de mandatos, la independencia de los órganos de control y la participación democrática. La FCF, como entidad rectora, enfrenta el desafío de interpretar sus propias normas de manera que se garantice la legitimidad de sus directivos y se preserve la confianza de sus afiliados y del público en general. La reciente renovación de algunos miembros del Comité Ejecutivo, con cambios significativos en la representación de la Dimayor, sugiere un movimiento interno que podría influir en el desenlace de esta controversia.
La asamblea del 28 de agosto se erige, por tanto, como un punto de inflexión. El desenlace de este pulso jurídico no solo determinará la continuidad de un dirigente, sino que sentará un precedente crucial para la interpretación de las normativas de reelección en el deporte colombiano. La resolución de este conflicto definirá, en gran medida, la dirección que tomará el fútbol en el país en los próximos años, en un entorno que exige cada vez mayor rigor ético y legal en sus más altas esferas.
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