La política de detención migratoria en Estados Unidos enfrenta un nuevo y severo escrutinio tras la publicación de un demoledor informe conjunto de Human Rights Watch (HRW) y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU). Este documento, de 84 páginas, detalla presuntas violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Camp East Montana, la instalación de detención de migrantes más grande del país, ubicada dentro de la base militar de Fort Bliss en El Paso, Texas. Las acusaciones no solo socavan los principios de justicia y humanidad, sino que también plantean serias interrogantes sobre el cumplimiento de los estándares internacionales por parte de las autoridades estadounidenses en la gestión de flujos migratorios.
El informe compila testimonios de decenas de personas detenidas entre octubre de 2025 y junio de 2026, quienes describen un patrón alarmante de abusos. Entre las denuncias más graves se encuentran golpizas arbitrarias, negligencia médica generalizada, períodos prolongados de aislamiento, obstáculos deliberados para acceder a representación legal y condiciones de reclusión que, según las organizaciones, equivalen a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Estas prácticas, si se confirman, contravienen directamente la Convención de la ONU contra la Tortura y otros tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Estados Unidos, revelando una brecha preocupante entre el compromiso teórico y la realidad operativa.
Uno de los casos más dramáticos que destaca el informe es la muerte del ciudadano cubano Geraldo Lunas Campos, de 55 años, acaecida el 3 de enero de 2026, mientras se encontraba en una unidad de aislamiento. Testimonios recogidos por HRW indican que Lunas Campos fue inmovilizado por varios guardias tras solicitar sus medicamentos, y que otros detenidos escucharon sus gritos desesperados: ‘No puedo respirar’. Si bien el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) inicialmente reportó que el personal intentó reanimarlo por problemas médicos, la autopsia posterior clasificó la muerte como homicidio por asfixia debido a la compresión del cuello y el torso, un desenlace trágico que exige una investigación forense transparente y rigurosa.
La muerte de Lunas Campos no es un incidente aislado. El informe sugiere que es una de las tres fatalidades registradas en Camp East Montana en solo seis meses, sumándose a una lista creciente de decenas de muertes bajo custodia migratoria desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump. Además, 64 de las 71 personas entrevistadas afirmaron haber sido víctimas de agresiones físicas o haber presenciado golpizas por parte del personal de seguridad, que a menudo operaba con uniformes negros, máscaras y sin identificaciones visibles, generando un clima de impunidad y terror. Un detenido, Javier C., relató la ominosa bienvenida: ‘Cuando llegues a El Paso, Texas, no hay vuelta atrás. Solo saldrás deportado o muerto’.
Más allá de la violencia, las condiciones de vida en el complejo se describen como sanitariamente deficientes. Los entrevistados denunciaron módulos hacinados con hasta 72 personas compartiendo apenas seis baños y seis duchas, instalaciones cubiertas de desechos humanos, inundaciones recurrentes y una escasez crónica de productos básicos de higiene. Este ambiente insalubre no solo representa un riesgo latente para la salud física, sino que también infringe la dignidad humana y exacerba el estrés psicológico de los detenidos, muchos de los cuales ya arrastran traumas severos derivados de sus experiencias de migración y huida.
La atención médica, un derecho fundamental, también ha sido severamente comprometida. El informe documenta retrasos de semanas o incluso meses en la provisión de tratamientos, interrupciones de medicaciones previamente prescritas y una respuesta inadecuada a emergencias de salud física y mental. Asimismo, se reportó que algunos migrantes experimentaron una pérdida significativa de peso debido a raciones insuficientes o alimentos en mal estado. Adicionalmente, se registran denuncias de presiones coercitivas sobre los detenidos para que renunciaran a sus procesos migratorios y aceptaran ser deportados a terceros países, incluso cuando sus casos legales aún estaban pendientes de resolución, minando el derecho al debido proceso.
Ante la magnitud de los hallazgos, Human Rights Watch y la ACLU han instado al gobierno estadounidense a tomar medidas inmediatas y decisivas. Sus demandas incluyen el cierre definitivo de Camp East Montana, la realización de investigaciones independientes y exhaustivas sobre todas las muertes bajo custodia, una revisión integral de las denuncias de uso excesivo de la fuerza y la implementación de mecanismos efectivos de rendición de cuentas para el personal involucrado en estos abusos. Estas recomendaciones subrayan la urgencia de restaurar la ética y la legalidad en los centros de detención migratoria y asegurar que la dignidad y los derechos humanos de cada individuo sean respetados plenamente.
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