La reciente revelación sobre la detención de aproximadamente 500 niños y bebés en centros migratorios, bajo la segunda administración del presidente Donald Trump desde enero de 2025, ha generado una profunda preocupación internacional. Este informe, elaborado por MS Now y The Marshall Project, subraya el alarmante incremento en la cifra de menores confinados, incluyendo a aquellos en etapas cruciales de desarrollo, mientras el aparato de detención y deportación recibe una asignación presupuestaria multimillonaria que asciende a 240 mil millones de dólares.
Esta política de confinamiento de infantes y niños pequeños representa una escalada de las prácticas ya controvertidas implementadas durante su primer mandato, que incluyeron la separación familiar en la frontera. Las condiciones documentadas en estos centros de detención son deplorables, con reportes de alimentos insuficientes, atención médica y psicológica deficiente, y falta de medicamentos oportunos, lo que repercute gravemente en el bienestar físico y mental de los menores, comprometiendo su desarrollo integral.
El modus operandi de la administración va más allá de la mera contención y remoción; busca, a juzgar por los hechos, infligir un daño sostenido. Esta estrategia colisiona frontalmente con los principios de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, tratado que, si bien Estados Unidos no ha ratificado plenamente, es un estándar ético y humanitario global para la protección de la infancia en situaciones de vulnerabilidad.
Paralelamente, se ha observado un recrudecimiento de las acciones contra el programa DACA, el cual, en su decimocuarto aniversario de implementación este junio, continúa bajo asedio presidencial. A pesar de que DACA ofrece permisos de trabajo y protección contra la deportación a jóvenes traídos al país durante su infancia, la administración Trump ha buscado su eliminación por todos los medios, ralentizando las renovaciones y dejando a los beneficiarios en un limbo legal que los expone a la detención y la deportación, como evidencian los 261 arrestos y 86 deportaciones de beneficiarios de DACA entre enero y noviembre de 2025, según el DHS.
El contexto de las detenciones se agrava con las historias de horror provenientes de centros operados por grupos privados con reputaciones dudosas, que han provocado huelgas de hambre en al menos cuatro estados. Desde enero de 2025, se estima que 52 personas han perdido la vida bajo custodia migratoria, incluyendo 19 en lo que va de 2026, con un número significativo de suicidios, lo que pone de manifiesto una crisis sistémica de cuidados y derechos humanos dentro de estas instalaciones.
La situación de los niños es particularmente crítica debido al trauma inherente a presenciar operativos migratorios violentos, ser separados de sus padres, o ser confinados junto a ellos. El centro de detención de Dilley, Texas, reabierto por la actual administración tras haber sido clausurado por la presidencia de Joe Biden, se ha convertido en un símbolo de estas prácticas, a pesar de las probadas deficiencias en su funcionamiento y la conocida vulnerabilidad de las familias que allí son internadas.
El análisis conjunto de MS Now y The Marshall Project confirma que, desde la llegada de la administración Trump a la Casa Blanca el año pasado, ‘al menos 500 bebés y niños pequeños han pasado parte de esa etapa crucial de crecimiento bajo la custodia de ICE’. Se reporta que ICE ha incrementado drásticamente las detenciones de niños menores de tres años, manteniendo un promedio de 25 de ellos bajo custodia diariamente entre enero de 2025 y marzo del presente año, una cifra extraída de datos obtenidos por el Deportation Data Project.
Los testimonios de los padres entrevistados son desgarradores; describen cómo las precarias condiciones de detención han dejado a sus hijos ‘enfermos, aislados y con un retroceso en su desarrollo físico e intelectual’. La profesora Elora Mukherjee de la Facultad de Derecho de Columbia, quien ha representado a más de 80 menores y padres en Dilley, ha enfatizado que ‘tener a niños tan pequeños en un entorno carcelario con cientos de otros niños y padres simplemente hace que se enfermen repetida y constantemente. Así que tienen fiebre, tosen, vomitan, tienen diarrea. Simplemente se sienten muy mal’.
Un caso emblemático es el de Amalia, una niña que, con fiebre severa y letargia, solo recibió Tylenol en la clínica de Dilley antes de perder el conocimiento. Su madre, Kheilin Valero Marcano, tuvo que cuestionar: ‘¿Van a dejarla morir?’. Posteriormente, Amalia fue diagnosticada con COVID-19, una infección de oído, neumonía, bronquitis y VSR, tras una semana hospitalizada, evidenciando la ineficacia de la atención médica primaria en las instalaciones de detención.
La indiferencia hacia el bienestar de estos menores es alarmante, sugiriendo que, bajo esta administración, incluso los infantes son considerados ‘lo peor de lo peor’. Aunque Amalia y sus padres fueron liberados en febrero, las secuelas a largo plazo para ella y los cientos de otros niños detenidos permanecen como una incógnita, proyectando una sombra duradera sobre la integridad de sus vidas futuras.Si le ha parecido interesante este análisis, le invitamos a compartirlo y a dejar su opinión en los comentarios.
