El sistema judicial chileno ha emitido una contundente resolución en el llamado ‘Caso Sartor’, uno de los mayores escándalos financieros contemporáneos que ha generado perjuicios estimados en 180 millones de dólares para múltiples inversionistas. Este martes, el 4° Juzgado de Garantía de Santiago ha dictaminado prisión preventiva para Michael Clark Varela, ex-presidente del directorio de Azul Azul, la sociedad anónima deportiva que administra el club Universidad de Chile. La medida, que busca asegurar el éxito de la investigación y la seguridad de la sociedad, subraya la gravedad de las imputaciones que recaen sobre figuras prominentes del ámbito empresarial y deportivo, marcando un precedente en la fiscalización de la probidad financiera.
La decisión judicial no solo afecta a Clark, quien hasta abril de 2026 ocupaba una posición clave en el fútbol nacional, sino que también extiende la prisión preventiva a Pedro Pablo Larraín Mery, excontrolador de Sartor; Carlos Larraín Mery, exdirector de la Administradora General de Fondos (AGF) vinculada a Sartor; y Sergio Yáñez, excontrolador del factoring Emprender Capital. La jueza Paulina Moya fundamentó esta determinación en el riesgo que su libertad representaría para el proceso investigativo, un criterio estándar en la aplicación de medidas cautelares de alta complejidad. Otros imputados, como Rodrigo Bustamante y Juan Carlos Jorquera, han sido sujetos a arresto domiciliario parcial y arraigo, demostrando la diferenciación en la evaluación de la participación de cada implicado. La resolución judicial establece un plazo de 120 días para el desarrollo de la investigación, permitiendo a los acusados en prisión interponer recursos de apelación.
El tribunal ha validado preliminarmente seis de los siete delitos por los cuales la Fiscalía ha formalizado a los involucrados, destacando la seriedad de las acusaciones. Entre los cargos más relevantes se encuentran el lavado de activos, administración desleal, estafa, y fraude por omisión de una oferta pública de adquisición (OPA). Estos delitos, intrínsecamente complejos, implican una sofisticada trama de movimientos financieros diseñada para eludir regulaciones y defraudar a inversionistas. La fase de formalización, que se extendió por casi dos semanas, permitió a todas las partes presentar sus argumentos, evidenciando la exhaustividad del proceso judicial en esta etapa inicial.
El Grupo Sartor, en el epicentro de esta controversia, inició sus operaciones como una entidad dedicada a la asesoría financiera y comercial, así como a la gestión de inversiones. Sin embargo, la investigación del Ministerio Público, impulsada por una fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), ha revelado una operativa sistemática de préstamos de fondos a sociedades que eran propiedad de los mismos socios y ejecutivos del grupo. Este esquema financiero habría desviado recursos significativos, afectando directamente el patrimonio de quienes confiaron sus inversiones en estos instrumentos, lo que plantea serias interrogantes sobre la gobernanza corporativa y la ética empresarial.
Una arista crucial de este caso se vincula estrechamente con el deporte chileno. En 2021, el Grupo Sartor ingresó a la propiedad de Azul Azul a través de Tactical Sport, un fondo de inversión que adquirió acciones por 15,5 millones de dólares. Michael Clark, entonces titular de Tactical Sport, asumió un rol directivo en Universidad de Chile. Posteriormente, en diciembre de 2024, una sociedad de su propiedad, Inversiones Antumalal, acordó pagar 5.719.482 dólares por el 90% de las cuotas de Tactical Sport, consolidando su control sobre la concesionaria. Este movimiento en particular ha sido objeto de escrutinio por parte de la Fiscalía, que sospecha una conexión directa con las operaciones ilícitas del Grupo Sartor para el uso indebido de los fondos de inversionistas.
Ante la inminencia de la formalización en abril de 2026, Clark presentó su renuncia a la presidencia de Universidad de Chile, cediendo el cargo a Cecilia Pérez. Poco después, el empresario intentó anular y retrotraer la compra realizada mediante Inversiones Antumalal, un movimiento que, para algunos analistas, podría interpretarse como un intento de desvinculación ante el avance de la investigación. Durante las audiencias, Clark sostuvo no tener una vinculación directa con Sartor, alegando una participación menor y sugiriendo que su involucramiento era casi incidental, una defensa que el tribunal evaluará en el transcurso del proceso.
Las repercusiones de este escándalo trascienden las esferas financieras y legales, impactando directamente la credibilidad de Universidad de Chile, uno de los clubes más populares del país. La falta de transparencia en el origen de las inversiones de Sartor y de Michael Clark ha generado incertidumbre sobre la verdadera propiedad de Azul Azul. Adicionalmente, se han suscitado dudas sobre posibles casos de multipropiedad, una práctica prohibida por la ley de sociedades anónimas deportivas, a raíz de supuestas transferencias de jugadores que vincularían al club universitario con accionistas de otros equipos, lo que plantea un grave desafío a la integridad competitiva del fútbol chileno.
La Universidad de Chile, como institución que otorga su nombre y símbolos al club, ha manifestado su profunda preocupación. La prorrectora Dorotea López Giral ha adoptado una postura firme, declarando que la casa de estudios evaluará todas las acciones disponibles, incluyendo la posibilidad de retirar el nombre institucional a la sociedad anónima deportiva. Esta decisión, si se concretara, enviaría un mensaje inequívoco sobre la intolerancia a conductas que menoscaben los principios y valores universitarios, y reafirmaría la exigencia de una gestión transparente y ética en cualquier entidad que represente a la institución.
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