La Casa Argentina en París, una institución centenaria de la prestigiosa Cité Universitaire y otrora refugio de intelectuales como Julio Cortázar, se encuentra sumida en una profunda controversia. Desde el nombramiento de Santiago Muzio como director en 2024 por el gobierno de Javier Milei, las denuncias de una gestión autoritaria e ideologizada han generado una creciente inquietud en Francia y tensiones diplomáticas que podrían escalar durante la inminente visita presidencial argentina. La situación de la Casa Argentina París representa un pulso entre la autonomía cultural y los principios de diversidad académica.
La polémica arranca con el perfil de Muzio, un abogado franco-argentino fervoroso católico, cuya dirección previa del ISSEP en Madrid, una universidad vinculada a la eurodiputada ultraderechista Marion Maréchal, levantó suspicacias. Esta conexión ideológica ha permeado la gestión de la Casa, transformando su ambiente de convivencia y arte en uno de ‘miedo, control y vigilancia’, según testimonios de residentes. Las acusaciones de ‘persecución política’ contra estudiantes por sus opiniones y la limitación de acceso a espacios comunes marcan un quiebre con la misión original de la Cité U como espacio de paz y entendimiento intercultural.
Un eje central de la disputa fue el rechazo explícito de Muzio a firmar la Carta de Valores de la Cité Universitaire, que defiende los derechos humanos y prohíbe la discriminación por género u orientación sexual. El director justificó su negativa apelando a la ‘conciencia’ y a la ‘línea del gobierno argentino’ que reconoce únicamente ‘dos sexos’. Estas decisiones se enmarcan en su declarado propósito de ‘extirpar’ la Casa de la ‘ideología woke’ y de la ‘extrema izquierda’, lo cual incluyó la retirada de símbolos de derechos LGBT y, crucialmente, una placa en homenaje a los 30.000 desaparecidos de la dictadura argentina, actos que han provocado fuerte condena y réplicas simbólicas en el campus.
Las consecuencias para los residentes han sido directas: expulsiones y no renovación de plazas a quienes cuestionaron la gestión, incluso a becarios prestigiosos. Esta ‘persecución política’ ha sido formalmente impugnada ante el ministerio argentino de Capital Humano. En el ámbito diplomático, el Ayuntamiento de París y el canciller francés, Jean-Noël Barrot, han solicitado una investigación y diálogo con Buenos Aires. La senadora franco-argentina Sophie Briante Guillemont ha expresado preocupación por el uso de las instalaciones para fines ajenos a su misión universitaria, ligando el caso a la ‘internacional reaccionaria’ y a posibles injerencias políticas en Francia, ante las elecciones presidenciales de 2027.
El problema de fondo reside en la particularidad jurídica de la Casa Argentina, que a diferencia de la mayoría de las residencias, depende directamente del ministerio argentino sin un consejo de administración que integre a la Cité Universitaire. Esta autonomía funcional limita la capacidad de la fundación francesa para intervenir directamente, a pesar de los esfuerzos históricos por regularizar la situación. La crisis en la Casa Argentina, por tanto, trasciende un mero conflicto de gestión interna para convertirse en un desafío a los principios de libertad académica y convivencia pacífica que la Cité U representa, requiriendo una solución bilateral que concilie soberanía y valores universales.Si le ha parecido interesante este análisis, le invitamos a compartirlo y a dejar su opinión en los comentarios.
