El Gobierno del presidente José Antonio Kast en Chile ha propuesto retirar las prestaciones de salud financiadas por el Estado a individuos condenados por ‘crimen organizado’ y terrorismo. Esta medida, parte de la ‘Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo’ (ACOT), ya ha generado una notoria fractura incluso dentro de la coalición oficialista. Dirigentes de la UDI han manifestado su reticencia a respaldar un proyecto que, en su formato preliminar, extendería la privación de derechos por hasta 15 años post-condena, planteando interrogantes fundamentales sobre la rehabilitación y los límites de la justicia penal en un estado democrático.
El borrador de la ‘Reforma Constitucional Pro Seguridad’ no solo suspende los beneficios sociales para los condenados por ‘crimen organizado’, narcotráfico o terrorismo, sino que también los inhabilita para acceder a medidas alternativas a la privación de libertad, libertad condicional y otros beneficios penitenciarios. Esta extensión de la pena afecta derechos consagrados en la Carta Fundamental, representando un endurecimiento sin precedentes. Aunque el documento busca matizar que no se afectan los derechos ‘en su esencia’, la interpretación de este principio será crucial en el debate constitucional y legal. La retroactividad en la suspensión de prestaciones subraya la radicalidad de la propuesta.
La agenda de seguridad de Kast también contempla una significativa ampliación del rol de las Fuerzas Armadas, otorgándoles base constitucional para intervenir en la protección ciudadana en situaciones hoy restringidas a estados de excepción. Esta reformulación del marco legal refleja una estrategia gubernamental enfocada en resultados contundentes frente a la creciente preocupación ciudadana por la delincuencia. Las encuestas de opinión, que evidencian una alta desaprobación de la gestión de Kast en seguridad, presionan considerablemente a La Moneda para implementar medidas de ‘mano dura’ que respondan a la demanda popular de mayor orden.
La aproximación del gobierno a la seguridad se ha caracterizado por una combinación de anuncios legislativos y gestos simbólicos de autoridad. La reciente ‘Operación Cancerbero’, un traslado masivo de reos de alta peligrosidad difundido con una estética que evocó las tácticas de Nayib Bukele en El Salvador, ilustra esta estrategia de comunicación. La exposición mediática del presidente y sus ministros en operativos busca proyectar liderazgo firme y cumplir con las promesas de campaña, especialmente tras tropiezos iniciales en la materia.
La viabilidad de estas reformas constitucionales enfrenta un complejo panorama legislativo. La exigencia de un cuórum de cuatro séptimos en el Congreso hace que la disidencia interna, incluso de aliados clave como la UDI, sea un obstáculo crítico. Voces independientes, como el senador Matías Walker, han expresado un rotundo rechazo. Incluso sectores de la ultraderecha han condicionado su apoyo a la resolución de otras problemáticas, lo que anticipa un arduo camino para la aprobación de la agenda gubernamental.
Desde una perspectiva de derechos humanos y derecho comparado, la suspensión de prestaciones esenciales como la salud para condenados por ‘crimen organizado’ plantea desafíos éticos y legales importantes. Si bien los sistemas jurídicos imponen restricciones, la privación de derechos fundamentales, incluso extendida post-condena, puede ser interpretada como una pena cruel o degradante, contraviniendo tratados internacionales. La legislación contemporánea enfatiza la rehabilitación y la dignidad humana. Esta propuesta, por tanto, podría sentar un precedente controvertido que trasciende las fronteras, invitando a una profunda reflexión sobre los límites del punitivismo estatal.
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