La reciente y sin precedentes reestructuración ministerial del presidente José Antonio Kast en Chile, apenas diez semanas después de su investidura, marca un hito de inestabilidad que interpela directamente a los fundamentos de la gobernabilidad contemporánea. Este suceso, el cambio de gabinete más veloz registrado en la historia política reciente del país, evoca la célebre admonición de José Ortega y Gasset a la clase política: ‘Argentinos, a las cosas’. La frase, proferida hace casi un siglo, instaba a dejar de lado la pugna facciosa y la retórica vacua para concentrarse en la resolución efectiva de los problemas públicos, un principio que parece eludir al actual ejecutivo chileno en un contexto de creciente desaprobación.
El fenómeno se agrava al analizar la veloz erosión de la aprobación presidencial. Mientras administraciones anteriores como la segunda de Michelle Bachelet y la de Sebastián Piñera disfrutaron de ‘lunas de miel’ de 26 y 37 semanas, respectivamente, y Gabriel Boric de 10, la popularidad de José Antonio Kast comenzó a declinar de manera significativa en apenas un par de semanas, según mediciones de referencia. Esta abrupta caída de la credibilidad del gobierno de Kast, con una aprobación neta negativa que oscila entre 15 y 25 puntos porcentuales, subraya una desconexión temprana y profunda con el sentir ciudadano, proyectando una fragilidad política inusitada.
Históricamente, los cambios de gabinete en Chile han sido herramientas estratégicas para gobiernos en minoría legislativa, buscando apuntalar consensos o reorientar la agenda parlamentaria. Así lo demostraron las administraciones de Piñera y Boric. La salida de Gerardo Varela del Ministerio de Educación en 2018, por ejemplo, buscó preparar el terreno para el proyecto de ley ‘Aula Segura’ en un momento de intensas movilizaciones estudiantiles, incorporando a Marcela Cubillos, figura con vastas redes políticas. De manera similar, la dimisión de Jeanette Vega en 2022, tras una polémica telefónica con un líder mapuche, pretendió facilitar la renovación del Estado de Excepción en la Araucanía.
Incluso la presidenta Michelle Bachelet, en su segundo mandato, realizó un profundo ajuste en el ‘corazón’ de su comité político —Interior y Hacienda— en su segundo año de gobierno. Aquellos movimientos fueron interpretados como una búsqueda de contención ante la creciente disidencia de sectores más centristas de su coalición, sirviendo nuevamente como un mecanismo para fortalecer la estrategia legislativa. En todos estos casos, los ajustes ministeriales respondían a una lógica de realineamiento político-parlamentario o de gestión de crisis específicas que demandaban una nueva dirección o interlocución.
Sin embargo, el reciente ajuste del Presidente Kast se desmarca de estos precedentes. A pesar de incluir a una integrante del comité político, el cambio se produce sin señales visibles de debilidad en el Congreso Nacional. De hecho, la principal reforma del actual gobierno ha avanzado en su primer trámite constitucional con una celeridad y un consenso legislativo notables. Esta dicotomía – una potente capacidad de conducción legislativa frente a una marcada incapacidad para convencer a la opinión pública – sugiere que las motivaciones detrás del cambio ministerial podrían ser distintas a las tradicionalmente observadas, quizás más ligadas a la gestión interna de la percepción que a la aritmética parlamentaria.
Este escenario plantea una reflexión crítica sobre la naturaleza instrumental de la política. Si bien controlar el Congreso y aprobar leyes son actividades cruciales, su valor radica en su capacidad para mejorar la vida de las personas. La política no es un fin en sí misma, sino un medio para organizar las decisiones colectivas. Las encuestas que desaprueban al gobierno de Kast también reflejan una percepción de inseguridad que no mejora y un empeoramiento significativo en el rumbo económico. En última instancia, como advertía Ortega, es en ‘las cosas’ tangibles –la seguridad ciudadana y la estabilidad económica del hogar– donde la ciudadanía evalúa la eficacia de su gobierno, más allá de los logros parlamentarios o la composición del gabinete. La capacidad de un ejecutivo para conectar con estas realidades cotidianas será el verdadero barómetro de su legitimidad y éxito a largo plazo.
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