La Fiscalía General del Estado de Bolivia ha emitido una segunda orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales (2006-2019), un desarrollo que recrudece la ya tensa coyuntura política de la nación andina. Esta reciente acción judicial, fechada en julio de 2026, lo imputa por seis delitos graves, incluyendo terrorismo y alzamiento armado contra el Estado, presuntamente cometidos durante las manifestaciones sociales de mayo y junio que exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Estas protestas, que se extendieron por 53 días, cobraron la vida de 22 personas, sumergiendo al país en una profunda inestabilidad. Cabe recordar que sobre el exmandatario ya pesaba otra orden de detención desde octubre de 2024, relacionada con su incomparecencia en un juicio por presunto abuso de una menor, lo que añade una capa de complejidad a su situación legal.
Morales, actualmente refugiado en el Chapare, su bastión político en la región tropical de Cochabamba, ha calificado esta nueva ofensiva judicial como una clara persecución política, denunciando que busca desviar la atención de la severa crisis económica que azota a Bolivia. Desde su cuenta en la red X, el exmandatario enfatizó su alineación con los sectores que padecen el ajuste, la escasez de combustible, el incremento del costo de vida, la inseguridad y el avance del narcotráfico. Su permanencia en el Chapare, resguardado por campesinos cocaleros armados con lanzas improvisadas, subraya la profunda polarización y el arraigado apoyo social que aún conserva en ciertas áreas rurales, herencia de su liderazgo sindical previo a la presidencia, cuando emergió como figura central de las luchas sociales indígenas.
Las movilizaciones que se atribuyen a la instigación de Morales no surgieron en un vacío. Desde principios de 2026, diversas organizaciones sociales, incluyendo comunidades indígenas aimaras de La Paz y sindicatos obreros, ya habían comenzado a protestar en demanda de mayor inclusión en las decisiones políticas y en respuesta a medidas gubernamentales como la eliminación de subvenciones a la gasolina. El cerco a la capital administrativa durante casi dos meses fue una manifestación palpable de un descontento social acumulado, evidenciando una fractura entre las élites políticas y una base popular que se siente marginada, más allá de la figura específica de cualquier líder.
La trascendencia de esta nueva demanda judicial va más allá de la figura del expresidente. El Comité Cívico de Santa Cruz de la Sierra, la ciudad más productiva y conservadora del país, inicialmente presentó la acusación, a la que posteriormente se adhirió el Ministerio de Gobierno, resaltando la transversalidad del rechazo a los disturbios. Esta acción judicial también se extiende a otros líderes de movimientos sociales, como el jefe aimara Vicente Salazar, quien se encuentra en detención preventiva desde el 6 de julio, y Mario Argollo, el máximo ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB). La situación de Argollo es particularmente delicada, dado que fue una figura clave en las negociaciones de pacificación con el presidente Paz, quien previamente había suscrito un acuerdo que incluía el respeto al fuero sindical y la renuncia a procesos judiciales contra miembros de la central obrera.
Este escenario legal y político configura un precedente inquietante para la institucionalidad boliviana y la región. La judicialización de la política, con órdenes de aprehensión contra expresidentes y líderes sindicales, genera dudas sobre la estabilidad democrática y la imparcialidad del sistema judicial. La persistencia de Morales en un ‘refugio’ bajo protección campesina, junto con la detención de otros líderes, señala una erosión de los canales de diálogo y una escalada en la confrontación política. Este patrón de criminalización de la protesta y la oposición podría exacerbar aún más la polarización y la fragilidad del Estado de derecho en Bolivia, con repercusiones que podrían trascender sus fronteras y afectar la dinámica geopolítica de América Latina.
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