La administración del presidente Javier Milei en Argentina ha promulgado el decreto 467/2026, alterando los procedimientos para la designación de jueces de la Corte Suprema de Justicia, procurador y defensor general de la Nación. Esta medida elimina instancias de ‘Participación Ciudadana’ y suprime la recomendación de considerar diversidad de género, especialidad y origen regional. Expertos alertan sobre un retroceso democrático en el sistema judicial argentino.
Previamente, el proceso de selección de magistrados se regía por normativa de 2003, instaurada por Néstor Kirchner. Dicho decreto exigía al Ejecutivo someter a postulantes a escrutinio público antes de enviar pliegos al Senado. Durante quince días, la ciudadanía y entidades cívicas podían presentar objeciones o apoyos, fomentando debate y evaluación informada que fortalecía la confianza pública.
La supresión de este filtro de escrutinio público altera el equilibrio de poderes y el derecho a la petición. En democracias, la selección de jueces de alta corte demanda idoneidad técnica y legitimidad social por transparencia y apertura ciudadana. El argumento gubernamental de ‘agilizar’ es insuficiente; eficiencia no debe prevalecer sobre control democrático, ni celeridad ser opacidad al designar a quienes salvaguardarán los derechos fundamentales.
Trascendente es la derogación de la recomendación de considerar diversidad de género, especialidad y procedencia regional. En un país federal, la representatividad territorial y multiplicidad de perspectivas jurídicas son esenciales para que el máximo tribunal atienda las particularidades regionales. La paridad de género, además de equidad, enriquece la jurisprudencia con miradas diversas, fortaleciendo la legitimidad judicial en una sociedad plural.
El contexto político argentino añade complejidad. La Corte Suprema opera con solo tres de sus cinco miembros, exigiendo cubrir vacantes bajo altos estándares. Los precedentes del gobierno en intentos previos de designar magistrados, incluyendo vetos controvertidos por razones extralegales, sugieren injerencia política en el Poder Judicial; esto erosiona la separación de poderes.
Desde la academia y el ámbito profesional, las críticas son contundentes. El doctor Andrés Gil Domínguez calificó la medida como una ‘regresión normativa injustificada’ que impacta negativamente en el derecho a peticionar y deliberar democráticamente, así como en el principio de no discriminación y el federalismo. El Colegio Público de la Abogacía de Buenos Aires calificó el decreto como un ‘retroceso innecesario y perjudicial’.
La decisión de la administración Milei de centralizar y opacar el proceso de selección de jueces de la Corte Suprema, eliminando la Participación Ciudadana y la consideración de la diversidad, plantea serias interrogantes sobre el compromiso del gobierno con los principios democráticos. Las implicaciones a largo plazo para la independencia judicial, la confianza pública en las instituciones y la calidad de la justicia en Argentina son significativas y exigen escrutinio riguroso internacional.
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