Daniel Johnson, director ejecutivo de Paz Ciudadana, critica la decisión del Gobierno de Kast de publicar semanalmente los Datos Semanales de homicidios en Chile, obtenidos de Carabineros y la PDI. Advierte que esta medición en lapsos tan cortos puede inducir a diagnósticos erróneos y una comprensión superficial de la crisis de seguridad. La transparencia gubernamental contrasta con la preocupación experta por la validez metodológica y el impacto real de esta práctica.
Chile enfrenta una compleja crisis de seguridad, marcada por el incremento de la criminalidad y la expansión de bandas transnacionales. Con una tasa de homicidios históricamente estable (3 por cada 100 mil habitantes), el país vio esta cifra dispararse a 6.7 en 2023, luego descendió a 5.4. Tal variabilidad interanual ya sugiere la dificultad de interpretar tendencias significativas en un marco semanal, pudiendo generar falsas percepciones de éxito o desviar el foco de políticas estructurales.
La UNODC había señalado la carencia de una cifra unificada de homicidios en Chile. En respuesta, el Gobierno anterior creó el Centro para la Prevención de Homicidios y Delitos Violentos. Este unifica datos de policías, Ministerio Público y Servicio Médico Legal, emitiendo informes semestrales. Este enfoque busca una visión consolidada, menos susceptible a fluctuaciones coyunturales, a diferencia de un análisis semanal cuya volatilidad es intrínseca a estos crímenes.
La inestabilidad de los homicidios como métrica semanal se debe a su baja frecuencia relativa (aproximadamente 1.200 al año versus 600.000 delitos contra la propiedad) y su concentración en períodos específicos. Fines de semana y festivos suelen registrar un incremento. Comparar semanas con distinta carga de eventos festivos puede arrojar diferencias radicales, llevando a conclusiones apresuradas. Esto impide establecer tendencias claras y atribuir cambios a políticas específicas con rigor.
Un aspecto crítico es la imposibilidad de desglosar las tipologías de homicidio en informes semanales. Distinguir entre crímenes de crimen organizado, violencia intrafamiliar o riñas es fundamental para diseñar respuestas adecuadas. Sin esta clasificación, cualquier variación en los números brutos carece de valor para decisiones estratégicas. Además, reclasificaciones de lesiones graves a homicidios o de muertes afectan la precisión de los datos a corto plazo.
Es crucial entender que un descenso en los homicidios no siempre es éxito contra el crimen. Precedentes, como en Colombia, muestran que la ‘calma’ en zonas controladas por organizaciones criminales puede atribuirse a la consolidación de su poder, reduciendo la necesidad de violencia. Una menor cifra de homicidios podría así indicar un fortalecimiento del control territorial del crimen organizado, no su debilitamiento. Interpretar estas caídas como un triunfo sin análisis profundo es un riesgo metodológico significativo.
En lugar de homicidios como indicador semanal, Johnson propone métricas más estables para evaluar el desempeño institucional. Sugiere considerar sentencias condenatorias en delitos graves, tasas de evasión o lesiones en centros penitenciarios, o índices de reincidencia delictual. Estos indicadores, analizados en periodos más amplios, permitirán una evaluación robusta y estratégica, facilitando políticas públicas sostenibles a largo plazo, en contraste con medidas reactivas.Si le ha parecido interesante este análisis, le invitamos a compartirlo y a dejar su opinión en los comentarios.
