El Gobierno colombiano ha presentado al Congreso un proyecto de Ley de Rescate Económico que introduce una propuesta significativa para la tributación de los activos digitales. Esta iniciativa plantea específicamente la aplicación, por única vez y para el año gravable 2027, de una tarifa del 5% sobre los criptoactivos y otros activos digitales que no hayan sido previamente declarados y que estén en posesión al primero de enero de ese año. Esta medida representa un esfuerzo discernible por parte de las autoridades para integrar el mercado de criptomonedas, en constante expansión, dentro del sistema fiscal nacional y establecer un marco de seguridad jurídica que hasta ahora ha sido elusivo.
La propuesta para gravar criptoactivos, según el análisis del bufete Posse Herrera Ruiz, busca la ‘normalización’ de estos instrumentos financieros. El valor de mercado al primero de enero de 2027, o una metodología documentada en ausencia de cotización verificable, serviría como base gravable. Esta clarificación es fundamental, ya que ofrece un camino para que los poseedores de activos digitales omitidos regularicen su situación sin incurrir en sanciones por omisión patrimonial o renta por comparación. Es relevante destacar que este régimen fiscal prevalecería sobre la normalización general, con una fecha límite de declaración fijada para el 30 de junio de 2027, proporcionando una ventana definida para la regularización de estas inversiones.
Colombia se ha consolidado como un actor relevante en el ecosistema cripto latinoamericano, registrando una actividad de US’29.100 millones entre julio de 2025 y junio de 2026, lo que lo posiciona como el quinto mercado más grande de la región. El crecimiento del 13,8% en este periodo, superando el promedio regional, subraya la adopción masiva de estos activos, no solo con fines especulativos, sino para usos prácticos como pagos, ahorros y remesas internacionales. Las ‘stablecoins’, que representan casi la mitad de las compras en ‘exchanges’ locales, demuestran la preferencia por instrumentos que facilitan el acceso al dólar y la reducción de costos en transacciones transfronterizas, evidenciando el potencial de los rieles basados en criptoactivos para mejorar la inclusión financiera.
A pesar de esta vitalidad del mercado, el país ha carecido de un marco regulatorio integral para los criptoactivos. El Proyecto de Ley 510 de 2025, un intento previo de regulación, fue archivado en 2026 sin avanzar más allá del segundo debate. Si bien desde 2026 los proveedores de servicios deben reportar operaciones a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) bajo el estándar de la OCDE, el régimen cambiario nacional aún no reconoce formalmente a los criptoactivos. La evidencia del ‘sandbox’ de la Superintendencia Financiera, que demostró la manejabilidad de los riesgos en la interacción entre entidades financieras y plataformas cripto, aún no se ha traducido en una normativa definitiva.
Expertos del sector, como Fabián Delgado de Bitfinex, enfatizan que marcos regulatorios y tributarios ‘claros, predecibles y proporcionales’ son cruciales para generar confianza, impulsar la adopción y atraer inversiones a largo plazo. La propuesta actual, aunque específica para la normalización, sienta un precedente en la dirección de ofrecer seguridad jurídica. Sin embargo, la ausencia de una legislación más amplia sobre la operación y supervisión de estos mercados sigue siendo un punto de preocupación, ya que cada año sin reglas claras, el país cede terreno frente a otras jurisdicciones que han avanzado en la regulación integral de los activos virtuales, afectando la competitividad y la innovación en el sector.
La implementación de esta ley de rescate económico no solo impactaría a los inversores colombianos con criptoactivos no declarados, sino que también podría establecer un modelo para otras naciones en América Latina que luchan por integrar estos activos en sus esquemas fiscales. El desafío reside en equilibrar la necesidad de recaudación fiscal y la prevención del lavado de dinero con el fomento de la innovación y la protección al usuario, sin imponer barreras innecesarias al desarrollo de un sector que representa una porción creciente de la economía digital. La evolución de este proyecto será un indicador clave de cómo las economías emergentes abordan la complejidad de la nueva era financiera.
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