En una medida que redefine el panorama de la aplicación de la ley migratoria a nivel local, el alcalde de Houston, John Whitmire, ha rubricado la Orden Ejecutiva EO 1-74. Esta normativa instaura directrices explícitas que regulan las interacciones entre la Policía de Houston y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), con el objetivo de limitar cuándo los oficiales locales pueden contactar a agentes federales. La disposición principal es clara: los agentes policiales ya no podrán comunicarse con ICE basándose únicamente en el estatus migratorio irregular de una persona o en la existencia de una orden administrativa de inmigración. Esta decisión implica un giro significativo en la política de la ciudad, priorizando la confianza comunitaria y la eficiencia policial sobre la persecución migratoria indiscriminada, estableciendo nuevas restricciones Policía ICE.
La nueva orden ejecutiva establece criterios precisos para el contacto con autoridades migratorias. Se permitirá la comunicación si la persona está en proceso de ingreso a una prisión municipal o del condado debido a nuevos cargos penales o la ejecución de otras órdenes de arresto judiciales. Además, una consulta en el Centro Nacional de Información Criminal (NCIC) debe arrojar una coincidencia positiva con una orden administrativa de arresto de ICE, siempre que la detención inicial responda a una infracción penal legítima que justifique el encarcelamiento. Este enfoque subraya la distinción entre delitos penales y violaciones de carácter civil, como lo son la mayoría de las infracciones migratorias, buscando evitar que el sistema penal local sea instrumentalizado para fines de control de inmigración federal.
Asimismo, la EO 1-74 prohíbe de manera categórica detener, llevar bajo custodia o retener a cualquier individuo exclusivamente por su situación migratoria. La policía tampoco podrá esperar en el lugar de una intervención a la llegada de agentes de ICE, ni prolongar una detención sin causa penal justificada. Estas prohibiciones buscan disociar la labor policial local de la federal en materia de inmigración, fomentando que las víctimas y testigos de delitos, independientemente de su estatus, se sientan seguros al interactuar con las fuerzas del orden sin temor a repercusiones migratorias.
Este ajuste normativo en Houston no surge en un vacío político, sino que se inscribe en un contexto de tensiones prolongadas. En abril del mismo año, el Concejo Municipal había modificado las reglas de cooperación con ICE, una decisión influenciada por amenazas de retiro de fondos estatales por parte del gobernador de Texas. Aquella directriz previa instruía a los agentes a contactar a ICE ante órdenes administrativas migratorias en el sistema NCIC. La orden del alcalde Whitmire representa, por tanto, una contrarrecta que reintroduce limitaciones para proteger a las comunidades de inmigrantes de una aplicación de la ley que consideran intrusiva y desproporcionada.
La promulgación de la EO 1-74 refleja una creciente tendencia en diversas jurisdicciones de Estados Unidos a establecer límites claros entre la policía local y las agencias federales de inmigración. Estas políticas, a menudo englobadas bajo el término ‘ciudades santuario’ o de ‘no cooperación’, buscan reforzar la confianza entre la policía y todas las comunidades, esencial para la seguridad pública efectiva. Al liberar a los recursos policiales locales de tareas de cumplimiento migratorio civil, las ciudades pretenden que la policía se concentre en investigar y prevenir crímenes, en lugar de actuar como un brazo de ICE, lo que históricamente ha generado desconfianza y ha disuadido a las poblaciones inmigrantes de denunciar delitos o cooperar con las autoridades.
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