La escena política paraguaya ha sido sacudida por un acontecimiento de profunda resonancia institucional: la destitución presidencial de Santiago Peña, consumada a través de un juicio político en el Congreso, a pesar de su intento previo de renuncia. Este episodio, inmerso en el escándalo que rodea al ‘Ueno bank’, no solo cierra prematuramente un mandato que prometía una renovación generacional dentro del hegemónico ‘Partido Colorado’, sino que también plantea interrogantes fundamentales sobre la separación de poderes y la estabilidad democrática en la región.
El rechazo de la dimisión por parte del Legislativo y la subsiguiente ratificación del juicio político establecen un precedente significativo en la jurisprudencia constitucional paraguaya. Aunque Peña argumentó su renuncia como un gesto para preservar la paz social y las instituciones, el Congreso consideró que la responsabilidad política debía ser dirimida. Este desenlace subraya una fractura interna crítica dentro del ‘Partido Colorado’, la formación política dominante por casi ocho décadas, evidenciada por la explícita retirada del respaldo de Horacio Cartes, quien otrora fuera mentor político del joven economista.
El epicentro de la controversia radica en el ‘Ueno bank’, cuya situación financiera precipitó la crisis política. La entidad, que gestionaba aproximadamente 850 millones de dólares en fondos públicos, incluyendo recursos previsionales y sanitarios, fue objeto de una orden de resolución por parte del Banco Central de Paraguay al detectarse un grave descenso en su índice de solvencia. La vinculación del expresidente Horacio Cartes, quien hasta marzo de 2025 fue accionista de ‘Ueno Holding’, matriz del banco, alimentó las acusaciones de conflicto de intereses y tráfico de influencias, elementos clave en la argumentación del juicio político.
Santiago Peña, un economista formado en la Universidad de Columbia y con experiencia en el Fondo Monetario Internacional, había ascendido rápidamente en la política paraguaya, proyectándose como una figura de renovación. Su perfil joven y su experiencia en instituciones financieras internacionales buscaban un contraste con las figuras tradicionales. Sin embargo, su meteórica carrera, que lo llevó de ministro de Hacienda a la presidencia en pocos años, culminó abruptamente, demostrando que las promesas de modernización y tecnocracia pueden colisionar con las arraigadas dinámicas de poder y las exigencias de transparencia.
Esta segunda destitución presidencial mediante juicio político en la historia reciente de Paraguay, tras la de Fernando Lugo en 2012, no solo reabre debates sobre la gobernabilidad y la solidez institucional del país, sino que también genera incertidumbre sobre la estabilidad económica y la percepción internacional. La rapidez con la que se ejecutó el proceso, sumada a la vulnerabilidad del sector financiero revelada por el caso ‘Ueno bank’, interpela a la nación sobre la necesidad de fortalecer sus contrapesos democráticos y garantizar la probidad en la administración de los bienes públicos.
El ‘Santi Tour’ y la búsqueda de alianzas, incluyendo un estrechamiento de lazos con la administración estadounidense de Donald Trump, simbolizaban una visión de apertura global para Paraguay. No obstante, la abrupta interrupción de su mandato resalta cómo los desafíos internos de gobernanza, la supervisión financiera y la lucha contra la corrupción pueden eclipsar las aspiraciones internacionales, reenfocando la atención en la urgencia de consolidar una institucionalidad inquebrantable para el desarrollo sostenible de la nación sudamericana. Los acontecimientos recientes exigen una reflexión profunda sobre los pilares de la democracia paraguaya y la ética en el ejercicio del poder.
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