La reciente revelación en Xalisco, Nayarit, sobre el hallazgo de un presunto ‘Centro de Exterminio’ ha conmocionado a la opinión pública internacional, evidenciando la cruda persistencia de la violencia organizada en México. Fue el colectivo ‘Familias Unidas por Nayarit’ quien, tras meses de recibir alarmantes avisos sobre ‘movimientos raros’ en la zona, consiguió la localización del predio el pasado 3 de octubre. Este descubrimiento subraya el invaluable, aunque peligroso, papel de los colectivos de búsqueda donde las desapariciones forzadas son una herida abierta, y la impunidad a menudo precede a la justicia.
El sombrío predio, situado en el ejido de La Curva, a unos veinte kilómetros al sur de Tepic, presentaba características que dificultaron su detección inicial. La coordinadora del grupo de buscadoras, Alejandra Pérez, ha detallado que los mensajes anónimos y los testimonios de ciudadanos alertaron sobre actividad inusual desde febrero y marzo. Sin embargo, la densa vegetación, la maleza exuberante y los caminos accidentados por las lluvias hicieron que el mapeo y las incursiones preliminares del colectivo no rindieran frutos de inmediato, revelando la astucia con que estos sitios son escogidos por la criminalidad.
Las investigaciones de la Fiscalía de Nayarit, encabezadas por la fiscal Ludmila Heredia, han calificado el lugar como un ‘centro de exterminio por incineración’. La descripción de una hornilla artesanal, donde se colocaban tambos llenos de diésel, gasolina y jabón para adherir a piel y telas, y la posterior quema de cuerpos cuyos huesos carbonizados se arrojaban a un riachuelo, ha helado la sangre. Este método, según la propia colectiva, representa una modalidad de desaparición que no habían documentado en sus diez años de incansable labor, denotando una escalofriante evolución en las tácticas de los grupos delictivos para borrar todo rastro de sus víctimas.
El municipio de Xalisco no es ajeno a la brutalidad. Este territorio fue uno de los epicentros de la crisis de desapariciones que azotó a Nayarit en 2017, un período oscuro marcado por la connivencia y la inacción de ciertas autoridades. La sombra del entonces fiscal estatal, Edgar Veytia, conocido como ‘El Diablo’, capturado por narcotráfico en Estados Unidos, es un recordatorio de cómo la criminalidad puede infiltrarse en las estructuras del poder. Ya en 2018, la localización de cinco fosas con más de cincuenta cuerpos cerca de la carretera que conecta Tepic con Compostela, y que atraviesa Xalisco, confirmó el patrón de uso de estas zonas para la eliminación de personas.
Este trágico hallazgo evoca inevitablemente el recuerdo de otros sitios de horror descubiertos en el país, como el ‘rancho Izaguirre’ en Teuchitlán, Jalisco, identificado como un centro de reclutamiento forzado del Cártel Jalisco Nueva Generación. Aunque las metodologías varían —en Izaguirre se encontraron más de 1.800 objetos personales, pero no hornos crematorios—, la magnitud del sufrimiento es comparable. Un estudio de 2019 de la Secretaría de Ciencia identificó en Teuchitlán ‘altas concentraciones de ceniza’ y humo de hogueras alimentadas con hidrocarburos, lo que apunta a una preocupante similitud de estrategias en la región.
La persistencia de estos ‘centros de exterminio’ y la sofisticación de sus métodos no solo subrayan la magnitud del desafío que enfrenta México en materia de seguridad y derechos humanos, sino que también evidencian la resiliencia y la valiente labor de los colectivos de búsqueda. Estas organizaciones ciudadanas se han convertido en la última esperanza para miles de familias, enfrentando peligros para desenterrar la verdad. El caso de Xalisco es un llamado urgente a la acción, la justicia y la memoria, demandando una respuesta integral del Estado.
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