El panorama diplomático entre Chile y Estados Unidos se vio alterado por las declaraciones del embajador Brandon Judd, quien inicialmente afirmó la existencia de un análisis de inteligencia estadounidense que vinculaba las protestas chilenas de 2019 con ‘organizaciones de izquierda’. Este señalamiento generó una inmediata reacción de la Cancillería chilena, que convocó al diplomático para solicitar aclaraciones y la entrega de dicha información. La situación puso de manifiesto la delicada línea entre la observación internacional y la percepción de ‘injerencia diplomática’ en asuntos internos de un Estado soberano, un principio fundamental en las relaciones bilaterales.
Tras su reunión con el canciller Francisco Pérez Mackenna, el embajador Judd matizó significativamente sus afirmaciones previas. Aclaró que su país no llevó a cabo una investigación independiente sobre los hechos, sino que se limitó a ‘revisar la información que venía de Chile’, específicamente de su Congreso, académicos y policía. Esta distinción es crucial, pues desmarca a Washington de una presunta operación de inteligencia directa y subraya que el ‘análisis’ se basó en fuentes chilenas ya disponibles, diluyendo la implicación de una ‘injerencia diplomática’ activa en el terreno.
El ‘estallido social’ de 2019 en Chile, un fenómeno de profundo calado social y político, dejó un saldo trágico de más de 30 fallecidos, miles de heridos y graves denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad. A casi siete años de los eventos, la justicia chilena aún no ha podido identificar a los responsables de actos vandálicos como los ataques incendiarios al Metro de Santiago. Una Comisión Investigadora del Congreso chileno, tras exhaustivas indagatorias, tampoco logró determinar a los instigadores ni el financiamiento detrás de la movilización.
Las declaraciones de un diplomático extranjero sobre la política interna de un país anfitrión suelen ser objeto de escrutinio bajo el principio de no intervención. El canciller Pérez Mackenna enfatizó que los embajadores ‘no deben opinar sobre la política interna de los países en los que están’, un recordatorio de las normas básicas que rigen la convivencia diplomática. Este incidente subraya la importancia de la prudencia y el respeto por la soberanía nacional, especialmente cuando se abordan temas tan sensibles que han marcado profundamente la historia reciente de una nación.
La coincidencia de las afirmaciones del embajador Judd con las de la subsecretaria de Diplomacia de Estados Unidos, María Teresa Rogers, quien en el V Foro Madrid atribuyó los disturbios chilenos a ‘extremistas de izquierda’, sugiere una narrativa compartida dentro de ciertos círculos de la administración estadounidense. Esta sincronía añade una capa de complejidad al incidente, ya que no se trataría de una declaración aislada, sino de una perspectiva que parece estar articulada y promovida a diversos niveles, intensificando la percepción de un posicionamiento ideológico externo.
La solicitud formal de la Cancillería chilena para acceder a la información que EE.UU. dice poseer es un paso esencial para la transparencia y la colaboración bilateral. Si bien Judd ha manifestado su disposición a compartir la información, la naturaleza exacta de esos ‘antecedentes’ y su utilidad para las investigaciones chilenas aún está por verse. Para el Gobierno chileno, cualquier dato que contribuya a esclarecer los hechos y a identificar a los responsables de la violencia es de ‘máxima importancia’, reiterando un compromiso con la verdad y la justicia que sigue vigente.Si le ha parecido interesante este análisis, le invitamos a compartirlo y a dejar su opinión en los comentarios.
