El Gobierno de José Antonio Kast ha ingresado al Senado chileno un paquete de ocho reformas constitucionales, buscando intensificar la lucha contra la delincuencia organizada y el terrorismo. Central en esta ‘Estrategia de Seguridad’ es la propuesta de limitar beneficios sociales estatales —incluyendo seguridad social, educación y salud— para individuos condenados por estos delitos, excluyendo específicamente cirugías de urgencia o enfermedades de riesgo para la salud pública y prohibiendo becas educativas. Esta medida busca enviar una señal contundente a las estructuras criminales, replanteando el acceso a prestaciones históricamente consideradas universales.
El ministro de Seguridad, Martín Arrau, justificó la iniciativa argumentando la necesidad de ‘desincentivar’ la participación en organizaciones criminales y terroristas, y de aliviar la ‘sensación de injusticia’ que percibe la ciudadanía al ver sus impuestos financiar beneficios para quienes han causado daño social. Esta perspectiva introduce un elemento retributivo en la política penal, alejándose de un enfoque puramente rehabilitador y abrazando una postura de mano dura que ha ganado adeptos en diversos contextos internacionales frente al avance del crimen transnacional.
La propuesta, sin embargo, no estuvo exenta de polémica. En sus borradores iniciales, que fueron filtrados a la prensa, la idea de retirar prestaciones de salud de forma generalizada generó ‘cuestionamientos’ transversales, incluso dentro del propio Gabinete presidencial. La ministra de Salud, May Chomali, expresó inquietudes sobre posibles incompatibilidades con leyes existentes que mandatan la atención de todas las personas frente a situaciones de riesgo vital, poniendo de manifiesto la tensión entre la seguridad pública y los derechos fundamentales garantizados por el Estado.
Ante las críticas, el presidente Kast matizó la propuesta final antes de su envío al Congreso, aclarando que se respetarían los derechos a la salud de emergencia y que ‘a nadie le va a faltar la salud de emergencia’. Subrayó que los condenados por delitos graves recibirían techo, comida y los medicamentos necesarios dentro de un régimen de aislamiento propuesto, diferenciando explícitamente a los criminales organizados de otros tipos de delincuentes, como homicidas o violadores, por la naturaleza sistémica de su acción.
El paquete de reformas incluye también un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública, que otorga amplias atribuciones al presidente. Se invocaría en situaciones de ‘amenaza grave e inminente contra la seguridad pública o cuando ésta haya sido gravemente afectada’, con una duración máxima de 120 días, prorrogables por otros 120 días con acuerdo presidencial, y sucesivas ampliaciones sujetas a la aprobación del Congreso Nacional. Esta figura busca dotar al Ejecutivo de herramientas más expeditas para enfrentar crisis de seguridad complejas, reminiscentes de modelos adoptados en otras naciones con desafíos similares.
Otro cambio constitucional propuesto es la incorporación expresa de la seguridad pública como deber del Estado. Si bien esta adición ha sido calificada de ‘innecesaria’ y ‘simbólica’ por constitucionalistas y académicos de diversas tendencias, dado que la Constitución chilena ya establece el deber del Estado de resguardar la seguridad nacional y proteger a la población, su inclusión busca reforzar el mensaje político del gobierno sobre la prioridad absoluta de la seguridad en su agenda programática y su compromiso con una visión más activa en la persecución del delito.
La ‘Estrategia de Seguridad’ de Kast se ha acompañado de un robusto despliegue comunicacional, enfocado en proyectar una imagen de ‘mano dura’. La frase ‘la mano ha cambiado’ se ha instalado en la opinión pública a través de apariciones del presidente y su ministro de Seguridad en operativos policiales nocturnos, así como la mediática operación ‘Cancerbero’, que incluyó el traslado de reos de alta peligrosidad a una cárcel de máxima seguridad. La puesta en escena, con imágenes de presos con las manos adelante y la cabeza agachada, emula conscientemente la retórica visual utilizada por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en su Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una instalación que Kast visitó previamente, evidenciando una influencia regional en la conceptualización de las políticas de seguridad.
La implementación de estas reformas y su impacto en el equilibrio entre la efectividad penal y el respeto a los derechos humanos seguirán siendo objeto de intenso escrutinio. La ambición del Gobierno de Kast de redefinir el paradigma de la seguridad pública se enfrenta ahora al debate legislativo y a la evaluación de su compatibilidad con los principios jurídicos fundamentales, en un contexto donde la ciudadanía exige resultados tangibles frente a la criminalidad, pero también valora la protección de las garantías individuales.Si le ha parecido interesante este análisis, le invitamos a compartirlo y a dejar su opinión en los comentarios.
