La administración estadounidense, a través de su Secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha declarado una expansión significativa de su doctrina de seguridad en América Latina, trascendiendo el tradicional combate al narcotráfico. Durante las maniobras PANAMAX 2026 en Panamá, Hegseth presentó el lema ‘Hacemos cosas malas a los malos’ para la Alianza Contra el Narcotráfico en las Américas (ACCC), señalando un endurecimiento en la aproximación de Washington. Esta **Estrategia Militar** amplía el espectro de objetivos, incorporando a grupos armados con agendas políticas, un cambio que podría reconfigurar la dinámica de seguridad en la región.
Un hito crucial en esta nueva directriz es la adhesión de Colombia como el decimonoveno socio del ‘Escudo de las Américas’, iniciativa impulsada por el presidente Donald Trump. El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, ha otorgado luz verde a ‘operaciones militares conjuntas’ en su territorio, marcando un retorno de la presencia militar estadounidense directa en la región tras casi quince años de ausencia. Esta colaboración se enmarca en la solicitud de Bogotá al Pentágono para unirse en la lucha contra el ‘narcoterrorismo’, una terminología que difumina las fronteras entre crimen organizado y insurgencia política.
La inclusión explícita del Ejército de Liberación Nacional (ELN) colombiano en la lista de objetivos citados por Hegseth introduce una nueva dimensión de complejidad. A diferencia de otras organizaciones consideradas terroristas por Washington, el ELN no figura actualmente en la categoría de Organización Terrorista Extranjera (FTO), un requisito jurídico indispensable para una intervención militar estadounidense con cobertura legal. Esta discrepancia subraya la necesidad de una recalibración diplomática y jurídica que alinearía la postura de Washington con la agenda de Bogotá contra la insurgencia.
El contexto de esta escalada militar se complementa con un sustancial paquete de mil millones de dólares ofrecido por el Departamento de Estado a Colombia, bajo el pretexto de ‘apoyar a la Administración de de la Espriella en el logro de nuestros objetivos comunes’. Si bien se define como un esfuerzo para ‘reforzar la cooperación contra las organizaciones terroristas extranjeras y las redes criminales transnacionales’, esta formulación más amplia y menos específica sobre el narcotráfico sugiere una flexibilización en la justificación de la asistencia y la intervención militar, permitiendo una acción más vasta.
Además de Colombia, naciones como Honduras, Guatemala y Ecuador ya han autorizado la presencia de efectivos y material estadounidense para operaciones en sus jurisdicciones. El caso de Ecuador, con operaciones conjuntas contra el narcoterrorismo iniciadas en marzo, sentó un precedente para esta expansión. Este patrón contrasta notablemente con la postura de México y Brasil, que, pese a ser potencias regionales, se mantienen al margen de esta coalición, evidenciando las divergencias políticas y estratégicas dentro del continente frente a la influencia estadounidense.
La ‘Operación Lanza del Sur’, coordinada por el Mando Sur (SOUTHCOM) desde septiembre de 2025, es la manifestación más tangible de esta estrategia, con ataques documentados contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico presuntamente ligadas al narcotráfico. Los informes de InSight Crime y The New York Times, sin embargo, revelan un lado sombrío, contabilizando un número considerable de víctimas mortales y la pérdida de embarcaciones no directamente vinculadas al tráfico ilícito, generando un debate ético sobre los límites de las acciones y la posible utilización de mercenarios o personal no identificado.
La justificación del Departamento de Defensa para estas operaciones, amparada en el Título 10 del código que regula la autoridad presidencial para ‘operaciones militares de autodefensa’ contra amenazas inminentes a la seguridad nacional, plantea serias interrogantes sobre la soberanía de las naciones latinoamericanas y el respeto por los derechos humanos. La falta de transparencia en los ataques y las denuncias de pescadores ecuatorianos sobre interrogatorios por parte de ‘gringos’ no identificados, avivan el espectro de operaciones clandestinas con potenciales implicaciones legales y diplomáticas a largo plazo.
En síntesis, la nueva **Estrategia Militar** de Washington en América Latina representa un punto de inflexión, expandiendo su alcance de manera inédita en las últimas décadas. La consolidación de una ‘Coalición contra el Narcotráfico’ con objetivos ampliados a grupos insurgentes, junto con la reactivación de operaciones militares ‘boots on the ground’, augura un escenario regional de creciente militarización. Este enfoque, si bien busca la seguridad, conlleva el riesgo de una escalada de violencia y desafíos a la estabilidad y los marcos legales internacionales, requiriendo un escrutinio constante por parte de la comunidad internacional.Si le ha parecido interesante este análisis, le invitamos a compartirlo y a dejar su opinión en los comentarios.
