La misión de observación electoral de la Unión Europea (UE) ha divulgado su informe final sobre los recientes comicios generales en Perú, destacando una preocupación crucial: la proliferación de ‘discursos de odio’ e incitación a la violencia en el espectro político. La eurodiputada Annalisa Corrado, jefa de la misión, presentó este análisis como un llamado imperativo a las autoridades peruanas para adoptar medidas concretas que contengan estas prácticas, las cuales minan la integridad democrática del país. La detección de un incremento en la virulencia verbal y la polarización post-primera vuelta subraya la urgencia de esta intervención.
La intensificación de la retórica hostil se hizo particularmente evidente después del 12 de abril, fecha de la primera vuelta electoral, según corroboró la misión. La delegación europea, que monitoreó el proceso desde febrero hasta su conclusión con la elección de Keiko Fujimori, documentó cómo ciertos actores políticos recurrieron a acusaciones infundadas de fraude y descalificaciones personales contra las instituciones electorales. Un caso notorio fue el del excandidato presidencial Rafael López Aliaga, quien, sin presentar pruebas, lanzó severas imputaciones contra los organismos encargados de garantizar la transparencia del proceso, contribuyendo a un clima de desconfianza y confrontación.
Este tipo de conducta no solo contamina el debate público, sino que también distorsiona la capacidad de los ciudadanos para tomar decisiones informadas sobre su voto. La aceptación tácita o la falta de respuesta inmediata por parte de las autoridades ante estas manifestaciones de intolerancia y amenazas perpetúan una cultura política que es incompatible con los principios de una democracia sana y robusta. La misión enfatizó que la intervención durante la campaña es fundamental para establecer que tales expresiones no tienen cabida en un proceso electoral transparente y justo, marcando un precedente ético crucial para futuras contiendas.
Más allá de la condena al ‘discurso de odio’, el informe de la UE articula un conjunto exhaustivo de 18 recomendaciones destinadas a fortalecer la arquitectura electoral peruana. Una de las propuestas más significativas aboga por la revisión integral del marco jurídico electoral, dada la fragmentación actual que se compone de 14 leyes distintas y 22 reglamentos. Esta dispersión legislativa genera inconsistencias, duplicidades e incertidumbre, dificultando tanto la administración electoral como la comprensión ciudadana del proceso. La consolidación en un único código electoral y un código procesal electoral se presenta como una medida esencial para dotar de mayor claridad y coherencia al sistema.
Adicionalmente, el informe destaca la necesidad de reforzar la capacidad operativa de los organismos electorales, como la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Esto implica incrementar los recursos para asegurar la contratación, capacitación y remuneración adecuada del personal temporal, previniendo así la escasez de personal y las renuncias que pueden afectar la eficiencia y continuidad de los procesos. Asimismo, se hizo hincapié en la imperiosa ampliación del uso de herramientas digitales para agilizar las elecciones y el conteo de votos, minimizando errores en las actas y reduciendo los prolongados tiempos de promulgación de resultados, aspectos que frecuentemente han sido fuente de controversia.
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