La República Argentina enfrenta una crítica escalada en la ‘Morosidad Familiar’, cuadruplicada desde finales de 2023. Más de 20 millones de ciudadanos están endeudados; un alarmante 26.1% se encuentra en mora, con deudas impagas ascendiendo al 17.5% del total prestado. A pesar del impacto nacional, el gobierno de Javier Milei mantiene una postura inalterable de ‘no intervención’, calificando la situación como un ‘problema entre privados’ que el mercado debe resolver.
Este incremento en la irregularidad crediticia se vincula al ‘cambio de régimen macroeconómico’ de la administración actual. La economista Marina Dal Poggetto señala la transición de un período de alta inflación que licuaba deudas, a un escenario donde, aunque la inflación moderó su ascenso, sigue siendo alta. Las tasas de interés ya no son negativas, y las cuotas de los préstamos representan una carga insostenible. Esta dinámica ha provocado que la morosidad registre su vigésimo aumento mensual consecutivo, según el Banco Central.
Un factor crucial es la proliferación del crédito no bancario, especialmente vía ‘billeteras virtuales’, un ‘cambio estructural y global’. Aunque representan solo el 14.1% de los préstamos, concentran un desproporcionado 31% del monto en mora, duplicando la tasa del sistema financiero convencional. Esta expansión de crédito de alto riesgo se suma a una ‘insuficiencia de ingresos’ y a ‘tasas de interés ridículamente altas’. Estas tasas se dispararon durante la ‘zozobra financiera’ de 2025, estabilizada por un ‘multimillonario rescate’ asociado a Donald Trump, pero que dejó costes de financiación exorbitantes.
El apretón monetario mantuvo tasas activas prohibitivas. Hoy, préstamos bancarios oscilan entre 55% y 172% nominal anual, y en billeteras virtuales entre 48% y 260%, con costos financieros totales superando el 1.000% anual, creando una trampa de deuda. Con una inflación interanual del 33.8% y salarios rezagados respecto a 2023, las familias se endeudan para gastos esenciales. El presidente Milei ha desestimado la intervención preguntando: ‘¿Les pusieron una pistola en la cabeza [para tomar deuda]?’, y el ministro Caputo ha defendido la corrección de mercado, diferenciando ’empatía con políticas públicas’.
La oposición atribuye la morosidad a políticas de ajuste fiscal y desregulación. En contraste, provincias como Buenos Aires, Santa Fe y CABA han lanzado programas para asistir con refinanciaciones a tasas más bajas. El economista Juan Cuattromo del Banco Provincia, advierte que los indicadores actuales superan los de la crisis de 2001 y están ‘muy por encima de la media regional’, refutando que solo los canales digitales expliquen este endeudamiento masivo, apuntando a las políticas económicas implementadas.
La creciente crisis de endeudamiento familiar en Argentina, con su complejidad multifactorial y la divergencia en la respuesta gubernamental, exige una evaluación profunda para mitigar un impacto social y económico que podría tener consecuencias perdurables.
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