La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) ha emitido una contundente advertencia ante el plan del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de invertir hasta 20 millones de dólares en la adquisición de miles de guantes capaces de aplicar descargas eléctricas. Esta iniciativa, que busca integrar los dispositivos conocidos como G.L.O.V.E. en los operativos de inmigración antes de marzo, ha encendido las alarmas de la organización, que considera que la herramienta podría ser una ‘receta para dañar al público’ y escalar el uso de la fuerza de manera desproporcionada.
Los ‘Guantes Eléctricos’, siglas en inglés de ‘Generated Low Output Voltage Emitter’, son fabricados por Compliant Technologies LLC y están diseñados para generar un estímulo eléctrico doloroso al contacto directo con la piel. Según el fabricante, estos guantes permiten al agente activar un interruptor para obtener el cese de resistencia en segundos, y su descarga ha sido descrita por expertos como ‘inmediata y aguda’, comparable a la picadura de una abeja. Aunque su uso se reporta en algunas cárceles y departamentos de policía para situaciones específicas de traslado o resistencia física, la ACLU cuestiona su pertinencia en el ámbito de la aplicación civil de las leyes de inmigración.
La objeción central de la ACLU trasciende la tecnología en sí misma, centrándose en el contexto y la supervisión de su empleo. Jenn Rolnick Borchetta, subdirectora de proyectos sobre seguridad pública de la organización, ha señalado la particularidad de un botón de activación que podría pasar inadvertido para la persona detenida. Esta falta de transparencia en la activación del dispositivo, combinada con el historial de ICE en el recurso expedito a la fuerza, genera una profunda preocupación sobre la rendición de cuentas y la posibilidad de un uso desmedido y oculto de la coacción.
La introducción de herramientas de contención de este calibre en operativos migratorios plantea serias interrogantes sobre el respeto a los derechos humanos y la dignidad de las personas. Instituciones internacionales y expertos en derecho humanitario han documentado ampliamente los riesgos de la aplicación de descargas eléctricas como método de control, alertando sobre su potencial para infligir dolor innecesario e incluso constituir formas de trato cruel, inhumano o degradante. La mera posibilidad de causar un ‘dolor terrible’ con facilidad es vista por la ACLU como un factor que socava la confianza pública y exacerba vulnerabilidades.
Asimismo, la naturaleza civil de la aplicación de leyes migratorias difiere sustancialmente de la policía criminal, donde el uso de la fuerza es un campo de debate constante pero, en teoría, regulado por la necesidad de preservar la vida o prevenir crímenes violentos. La proporcionalidad del uso de dispositivos de descarga eléctrica en contextos donde las personas están siendo detenidas por infracciones administrativas, no criminales, parece una escalada injustificada. La ambigüedad sobre cómo se aplicarán las restricciones, como la prohibición de su uso contra niños, embarazadas, ancianos o personas con discapacidad, sin una supervisión robusta, abre la puerta a graves abusos.
En vista de la reticencia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y del propio fabricante a comentar sobre estas preocupaciones, la ACLU subraya la urgencia de un escrutinio público y regulatorio exhaustivo. El debate se centra no solo en la conveniencia de los ‘Guantes Eléctricos’ sino en la existencia de controles efectivos para prevenir que una detención migratoria, que debería ser un procedimiento administrativo, derive en un uso innecesario y potencialmente arbitrario de la fuerza, socavando los pilares de la justicia y los derechos fundamentales de las personas migrantes.
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