La reciente revelación de una tercera muerte en el centro de detención Delaney Hall, en Newark, Nueva Jersey, ha desatado una ola de críticas y ha puesto nuevamente en el ojo del huracán al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Esta escalofriante cifra, confirmada por el representante demócrata Rob Menéndez, no solo subraya una preocupante tendencia, sino que también expone un presunto cambio en la política de ICE diseñado para subestimar el número real de muertes en detención de inmigrantes bajo su custodia. La opacidad en la gestión de estos casos genera serias interrogantes sobre la transparencia y la rendición de cuentas de una agencia federal.
El caso que ha provocado la indignación ocurrió a finales de julio, precediendo al fallecimiento de Edwin López Cornejo, pero no había sido divulgado públicamente. Según el congresista Menéndez, la persona fue formalmente ‘liberada’ por la oficina de ICE en Newark mientras era trasladada al hospital tras sufrir una convulsión. Esta maniobra administrativa, en la que un detenido deja de estar bajo custodia antes de morir, permitiría a la agencia eludir la obligación de reportar e investigar estas defunciones públicamente, limitando severamente la capacidad de escrutinio por parte del Congreso y las organizaciones de derechos humanos.
Delaney Hall, una instalación administrada por la empresa privada GEO Group, no es ajena a la controversia. Desde su reapertura, ha sido objeto de múltiples denuncias por condiciones insalubres, deficiencias en la atención médica y, ahora, un patrón recurrente de muertes. Anteriormente, Jean Wilson Brutus, un inmigrante haitiano, falleció en diciembre de 2025, y Edwin López Cornejo, de El Salvador, murió semanas atrás, ambos casos sumándose a este preocupante historial. La naturaleza privada de estas prisiones a menudo complica la supervisión y la implementación de estándares éticos y médicos rigurosos.
La situación de Edwin López Cornejo ejemplifica la fragilidad de la atención médica en estos centros. Padecía de epilepsia, hipertensión e hiperglucemia, condiciones que requerían tratamiento continuo. Su familia reportó que se sentía indispuesto antes de colapsar, lo que plantea serias dudas sobre la prontitud y calidad de la asistencia médica recibida. La falta de identificación pública del tercer fallecido y la negativa del Hospital Universitario a comentar, amparándose en la privacidad, incrementan la incertidumbre y la necesidad urgente de una investigación independiente.
Este panorama se inserta en un contexto más amplio de críticas a las políticas migratorias estadounidenses. Organizaciones civiles, como la Coalición Inmigrante de Nueva York, han calificado estas muertes como ‘tragedias devastadoras’ que ‘deberían haberse evitado’, destacando un patrón de problemas sistémicos. La implicación de legisladores de alto perfil, como la representante Pramila Jayapal, quien ha señalado un alarmante número de fallecimientos bajo custodia, eleva el tema a una preocupación nacional e internacional que demanda acciones correctivas inmediatas y una revisión exhaustiva de las prácticas de detención migratoria.
La comunidad internacional y los organismos de derechos humanos han enfatizado reiteradamente la obligación de los estados de garantizar la vida y la integridad física de las personas bajo su custodia. El silencio y la opacidad en torno a estas muertes en detención no solo socavan la confianza pública, sino que también contradicen los principios fundamentales de los derechos humanos. Es imperativo que ICE revierta cualquier política que oscurezca los fallecimientos y que se establezcan mecanismos transparentes para la investigación y la rendición de cuentas en todos los centros de detención de inmigrantes.
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