La reciente muerte de Félix Alcorta Rodríguez, un ciudadano mexicano de 63 años, bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Texas, eleva a 16 el número de connacionales fallecidos en centros de detención migratoria durante la segunda administración del presidente Donald Trump. Este alarmante incremento en las muertes bajo custodia federal subraya una preocupante tendencia en la gestión de personas migrantes y detenidas en Estados Unidos, donde la opacidad y las condiciones de los centros se mantienen bajo escrutinio internacional.
El deceso de Alcorta Rodríguez, ocurrido el 19 de junio en el Centro de Detención del Condado de Webb en Laredo, no fue hecho público por las autoridades mexicanas de inmediato, y ICE lo comunicó con un desfase de cinco días. Este patrón de comunicación tardía no solo genera interrogantes sobre la transparencia de las operaciones de ICE, sino que también dificulta el acceso a la información para las familias y los consulados, impidiendo una supervisión efectiva y oportuna sobre el bienestar de los detenidos. La versión oficial detalla que fue hallado inconsciente y, tras intentos de reanimación, falleció en un hospital local.
La detención de Alcorta Rodríguez se produjo el 16 de junio, tras ser liberado de una cárcel del condado de Webb, donde había estado recluido por una ‘falta de comparecencia’ relacionada con un cargo de conducir bajo los efectos del alcohol de 2018. Este caso pone de manifiesto cómo individuos con historial de delitos menores o faltas administrativas pueden transitar del sistema penal local al de detención migratoria, exponiéndolos a un régimen de custodia distinto y, en ocasiones, más severo, incluso cuando su situación migratoria es el factor principal de su retención.
El Centro de Detención del Condado de Webb, gestionado por la empresa privada CoreCivic, ha sido objeto de múltiples críticas. Informes de inspección previos han documentado ‘deficiencias importantes’ en la provisión de atención médica, la implementación de protocolos para monitorear a personas con riesgo de suicidio y la atención especializada, como la destinada a mujeres embarazadas. Estas falencias sistémicas contribuyen a un ambiente donde la salud y la seguridad de los detenidos, particularmente los vulnerables, se ven comprometidas, incrementando los riesgos de desenlaces fatales.
La situación en Texas es particularmente grave, con el fallecimiento de Alcorta Rodríguez representando la quinta muerte registrada en este estado dentro de instalaciones de ICE en lo que va del año y el sexto mexicano en custodia migratoria durante este período. Organizaciones de derechos humanos han advertido que la tasa de mortalidad en estos centros ha alcanzado niveles no vistos en más de una década. Este incremento se atribuye no solo al ‘endurecimiento de la política migratoria’ y al consecuente aumento de la población detenida, sino también a la alegada negligencia en la atención sanitaria y las condiciones inhumanas.
Ante este escenario, diversas organizaciones civiles y defensoras de los derechos de las personas migrantes han exigido investigaciones exhaustivas y transparentes sobre cada deceso ocurrido bajo custodia federal. Demandan que las autoridades estadounidenses garanticen ‘condiciones dignas’, ‘atención médica adecuada’ y mecanismos efectivos de supervisión, especialmente en los centros administrados por entidades privadas. La causa oficial del fallecimiento de Félix Alcorta Rodríguez aún está pendiente del dictamen final de la autopsia, manteniendo la incertidumbre y la necesidad de respuestas claras.
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