La República de Chile ha reafirmado su compromiso en la lucha contra el comercio ilícito de productos de tabaco, consolidando un paso trascendental hacia la adhesión al Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La Declaración de Santiago, emanada de un foro clave, refleja la convergencia de instituciones de salud pública, la academia y exautoridades, quienes advierten sobre las profundas repercusiones fiscales y sanitarias de este flagelo. Esta iniciativa subraya una prioridad ineludible para la salud pública global.
El comercio clandestino de tabaco no solo genera pérdidas multimillonarias en ingresos fiscales, sino que socava los esfuerzos por proteger la salud. Al facilitar el acceso a productos más económicos, desregulados y sin advertencias sanitarias, el mercado ilícito fomenta el consumo, particularmente entre niños y jóvenes. Esta dinámica perniciosa permite que la evasión de impuestos financie redes criminales transnacionales, exacerbando problemas de seguridad pública y erosionando la gobernanza, un desafío multidimensional para cualquier estado moderno.
El ‘Protocolo OMS’, adoptado en Seúl en 2012 y derivado del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT), establece un marco jurídico internacional robusto. Sus disposiciones abarcan desde la concesión de licencias para manufactura y venta, hasta el seguimiento y rastreo de productos, además de la cooperación judicial. Chile, al considerar su ratificación, busca fortalecer sus herramientas legales y operativas para desmantelar estas redes, asegurando que el tabaco cumpla con estrictas normativas sanitarias y fiscales, reforzando así la prevención de enfermedades y sus compromisos globales.
Expertos de la Fundación Arturo López Pérez (FALP) han enfatizado que el tabaco es el principal factor de riesgo evitable para el cáncer, especialmente el de pulmón, principal causa de muerte oncológica en Chile. La disponibilidad de tabaco ilícito agrava esta crisis, ya que su bajo costo perpetúa el consumo entre segmentos vulnerables y neutraliza el impacto disuasorio de impuestos y campañas de concienciación. La implementación efectiva del Protocolo no solo abordaría el problema económico, sino que actuaría como una barrera sólida contra la proliferación de enfermedades crónicas no transmisibles vinculadas al tabaquismo.
Desde una perspectiva económica y de políticas públicas, la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) ha desmitificado la correlación directa entre el aumento de impuestos al tabaco y el repunte del contrabando. Diversos casos internacionales demuestran que políticas fiscales bien diseñadas, respaldadas por una fiscalización robusta y fuerte coordinación intersectorial —entre salud, hacienda y aduanas—, pueden coexistir con alta tributación y contención efectiva del mercado ilícito. La inacción legislativa, como ha lamentado la ex senadora Carolina Goic, impone un costo inaceptable en gasto sanitario y vidas humanas.
La Declaración de Santiago se erige no solo como un llamado, sino como una hoja de ruta estratégica para Chile. Impulsar la adhesión al ‘Protocolo OMS’ es una política de Estado que trasciende coyunturas políticas, enfocada en salvaguardar la salud pública y la integridad fiscal del país. El consenso entre las partes interesadas subraya que las conductas individuales deben ser complementadas por regulaciones eficaces y estrategias preventivas basadas en evidencia, fundamentales para reducir la alta prevalencia de consumo de tabaco en la región de las Américas y fomentar la longevidad de sus ciudadanos.
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