Organizaciones de derechos civiles de alcance global, incluyendo a Amnistía Internacional, han emitido una contundente advertencia de viaje dirigida a los aficionados que planean asistir al Mundial de Fútbol de 2026 en ciudades anfitrionas como Los Ángeles. La preocupación central radica en la rigurosa aplicación de las políticas migratorias estadounidenses, que, según estos organismos, podría exponer a los visitantes internacionales a riesgos inesperados y vulneraciones de derechos humanos durante su estancia en el país. Esta situación plantea serias interrogantes sobre las garantías de seguridad y libertad para los asistentes.
La base de estas alertas se encuentra en el incremento de los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el área metropolitana de Los Ángeles y el sur de California desde junio de 2025. Dichas acciones, enfocadas en la detención y deportación, han creado un ‘clima de creciente autoritarismo’ y generado tensiones sociales, con reportes de violencia y deterioro en la situación de los derechos humanos. La inacción del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en asegurar públicamente cómo protegerá a aficionados, periodistas y comunidades locales de detenciones arbitrarias, deportaciones masivas y la represión de la libertad de expresión, amplifica la inquietud de estas entidades.
La capacidad de Estados Unidos para ser un anfitrión ejemplar de un evento de la magnitud del Mundial 2026 se ve comprometida por estas políticas internas. Si bien el torneo representa un vital impulso económico para el sector turístico, especialmente en Los Ángeles, la percepción de riesgo podría disuadir a una parte de la afición global. De hecho, el país ya ha registrado una disminución en visitantes internacionales desde principios de 2025, atribuida a diversas controversias. Sin embargo, Geoff Freeman, de la Asociación de Viajes de Estados Unidos, ha calificado las advertencias como una ‘táctica política’ diseñada para causar daño económico, desestimando la magnitud de las preocupaciones.
Más allá de las cifras, la controversia toca principios fundamentales del derecho internacional y los derechos humanos. Los estados anfitriones de eventos globales tienen la obligación de salvaguardar los derechos de todos los individuos bajo su jurisdicción, lo que incluye el debido proceso y la no discriminación. La posibilidad de negación arbitraria de entrada, detenciones en condiciones que Amnistía Internacional considera inhumanas, y revisiones invasivas de dispositivos electrónicos contravienen las expectativas de libre tránsito y privacidad para millones de viajeros. Estas prácticas podrían afectar desproporcionadamente a ciertas nacionalidades o etnias, exacerbando preocupaciones de perfilamiento racial.
El escenario actual demanda una postura clara y compromisos tangibles por parte de la FIFA y las autoridades estadounidenses. No basta con la confianza en la agilización de visas o el atractivo inherente del fútbol; se requieren garantías explícitas y verificables para disipar la incertidumbre. La integridad y reputación del Mundial 2026, así como la imagen de las ciudades anfitrionas, dependen de una resolución que priorice la dignidad humana y el respeto a los derechos sobre cualquier otra consideración. Solo así el evento podrá cumplir su promesa de ser una celebración verdaderamente global e inclusiva.
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