La dimisión de Citlalli Hernández Mora de la Secretaría de las Mujeres en México, apenas un año después de su instauración, sumerge a este ministerio crucial en un estado de incertidumbre. Concebido como pilar de la administración Sheinbaum para elevar la agenda de género al rango federal, el organismo afronta una encrucijada. La partida de una figura prominente, aduciendo ‘ayudar’ al partido Morena en las elecciones intermedias, pone de manifiesto una tensión entre imperativos políticos partidistas y la estabilidad institucional. La relevancia de la Secretaría de las Mujeres se ve comprometida por este abrupto cambio de liderazgo.
La creación de la Secretaría representó una evolución significativa frente al anterior Inmujeres, con menor capacidad de incidencia. Sheinbaum, al elevar su estatus, envió una señal inequívoca sobre la centralidad de la igualdad de género. Sin embargo, su trayectoria inicial ha sido desafiante. Expertos y organizaciones feministas cuestionaron la eficacia de la reconfiguración estructural sin una dotación presupuestaria robusta y un diseño operativo claro. Factores que ya generaban inquietud y evidenciaban una brecha entre la ambición declarada y la implementación práctica.
Las críticas se intensificaron por recortes presupuestarios y la fusión de programas esenciales, como el de refugios para víctimas de violencia machista, denunciado por la Red Nacional de Refugios. Esta medida, según activistas, desvirtuó el espíritu de protección. La percepción de que la voluntad política no se tradujo plenamente en una implementación efectiva, generando incertidumbre y afectando la vida de miles de mujeres, es un legado preocupante para la institución. La falta de definición y los cambios erosionaron la confianza en su capacidad de impacto tangible.
Este relevo, más allá de un ajuste administrativo, proyecta un ‘mensaje político’ de considerable calado. La prioridad de destinar una figura de alto perfil a la consolidación partidista en detrimento de la continuidad de una secretaría recién establecida con tareas apremiantes, puede interpretarse como una subordinación de la política pública de género a las estrategias electorales. Esta percepción erosiona la confianza institucional entre las víctimas y las organizaciones por sus derechos, quienes requieren un compromiso sostenido y predecible de las autoridades.
La implicación directa de Hernández en casos emblemáticos, como el de Guadalupe Martínez —mujer otomí con proceso judicial cuestionado—, o su respaldo a víctimas de violencia ácida y vicaria, posicionó a la Secretaría como actor crucial. Su salida genera un vacío significativo en el acompañamiento de estas causas. La interrupción de estos procesos obliga a víctimas y defensores a ‘volver a tocar puertas’, a reconstruir la confianza con una nueva administración y a luchar para que los compromisos asumidos no queden en el olvido, ralentizando el acceso a la justicia y la reparación.
La presidenta Sheinbaum se enfrenta a la imperativa tarea de designar un reemplazo que no solo llene el vacío, sino que revitalice la confianza en la Secretaría de las Mujeres y demuestre un compromiso inquebrantable con su misión. El nuevo titular deberá poseer experiencia, capacidad de navegación administrativa y política, y autonomía para priorizar la agenda de las mujeres por encima de intereses partidistas. El éxito o fracaso de esta Secretaría será un barómetro fundamental de la visión y eficacia de la administración actual en la promoción de la igualdad y la erradicación de la violencia de género en México.
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