El Gobierno de México enfrenta una escalada de tensiones diplomáticas con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tras la divulgación de un informe contundente que califica las desapariciones de personas como un ‘crimen de lesa humanidad’, practicado de manera generalizada y sistemática en el país. El Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU ha solicitado la remisión urgente de la **Crisis de Desapariciones** en México a la Asamblea General, una medida que ha generado el rotundo rechazo de la administración de Claudia Sheinbaum. El informe del CED destaca que las condiciones estructurales que propician este delito persisten, con más de 133.000 casos registrados, y señala la participación o ‘aquiescencia’ de autoridades en distintos niveles de gobierno, un punto central de fricción con la narrativa oficial.
La postura gubernamental mexicana, que insiste en atribuir la responsabilidad exclusiva al crimen organizado, busca desvincular la actual administración de las deficiencias históricas. Aunque la presidenta Sheinbaum argumenta que el análisis del CED se basa en periodos previos a 2018, el informe también documenta un alarmante incremento de 28.880 desapariciones entre enero de 2023 y abril de 2025. Esta cifra, que abarca el final del mandato del expresidente Andrés Manuel López Obrador y el inicio de la actual gestión, desvirtúa la pretensión de limitar la problemática a épocas pasadas y subraya la continuidad de la vulneración de derechos humanos, con incrementos exponenciales en estados como Guanajuato y Tabasco, y el hallazgo de casi 2.000 cuerpos en fosas clandestinas solo en Jalisco.
La crisis de personas desaparecidas en México se intensificó notablemente con la estrategia de ‘guerra contra el narcotráfico’ iniciada en 2006, transformándose en una de las heridas más profundas de la nación. La reciente ‘reinterpretación’ de cifras oficiales, que redujo el número de casos activos, ha sido objeto de escrutinio internacional, planteando serias dudas sobre la transparencia y la verdadera magnitud del problema. Mientras el gobierno mexicano rechaza la idea de una política estatal de desaparición forzada, la ONU enfatiza que la falta de prevención, investigación y castigo de estos delitos, junto con la probada corrupción de funcionarios, constituyen omisiones estatales graves que facilitan su perpetración y la impunidad casi absoluta.
El CED ha reiterado que las condiciones institucionales en México no han mejorado sustancialmente a pesar de la creación de fiscalías especializadas y la promulgación de leyes. La persistente ‘crisis forense’ y la incapacidad de las autoridades para procesar a responsables de alto nivel son indicadores de una situación desbordada. El informe no solo detalla la existencia de redes de corrupción que involucran a la judicatura local y gobiernos estatales, sino que también documenta el uso de recursos públicos, como vehículos e instalaciones oficiales, para la comisión de desapariciones forzadas, lo que profundiza la implicación de elementos estatales en estas atrocidades.
La narrativa oficial, que simplifica el fenómeno al atribuirlo únicamente al crimen organizado, ignora la compleja interacción y la ‘aquiescencia’ de las autoridades, según organizaciones como Amnistía Internacional y el propio CED. Los fallos estructurales persisten, evidenciados en la inadecuada tipificación de los delitos (investigando como homicidio o secuestro en lugar de desaparición), la precariedad de recursos humanos y financieros en las comisiones de búsqueda, y la inoperancia de las instituciones. Este diagnóstico internacional, lejos de ser una condena, se presenta como una oportunidad para que México acceda a asistencia técnica y cooperación internacional para abordar la magnitud del desafío, una oportunidad que, según expertos, la respuesta inicial del gobierno podría estar desaprovechando.
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