La decisión del Gobierno de San Luis Potosí, encabezado por Ricardo Gallardo, de contratar a Drake Venture LLC, la firma del ‘cabildero de Trump’ Roger Stone, ha desatado una notable controversia. Confirmada por un documento registrado ante el Departamento de Justicia de EE UU bajo la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA), esta asesoría tiene como fin la “asesoría y representación en asuntos gubernamentales y relaciones públicas en materia de comercio y desarrollo económico”. Esta acción adquiere una resonancia particular en un momento de intensas fricciones diplomáticas entre México y Estados Unidos, exacerbadas por Washington debido a acusaciones de corrupción que involucran a figuras políticas mexicanas, situando la transparencia de este acuerdo bajo un escrutinio sin precedentes.
El contrato, valuado en 375 mil dólares estadounidenses para un periodo de seis meses, fue suscrito directamente con la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) de San Luis Potosí. Paralelamente, se reveló la contratación de Diana London, de Ford & London Global Strategies LLC, por un monto y plazo idénticos. Mientras la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, inicialmente desmintió la información, el titular de Sedeco, Mario García, la confirmó posteriormente, justificando los servicios para la atracción de inversiones extranjeras, específicamente en el sector minero. Esta secuencia de eventos subraya una discrepancia inicial en la comunicación oficial, aunque el objetivo declarado se centra en el impulso económico.
El perfil de Roger Stone añade una capa de complejidad a esta transacción. Conocido por su trayectoria como estratega político de Donald Trump y por haber sido indultado por este último tras una condena por obstrucción a la justicia en la investigación sobre la injerencia rusa en las elecciones de 2016, Stone posee una reputación de operador influyente en las esferas más altas del poder estadounidense. Su capacidad para interceder en favor de terceros, como demostró en el caso del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández para obtener un indulto, plantea interrogantes sobre el alcance real y las motivaciones últimas de la consultoría contratada por el gobierno potosino, más allá de la promoción comercial explícita.
La elección de Stone por parte de un gobierno subnacional mexicano, en medio de rumores sobre posibles acercamientos de políticos del partido oficialista con autoridades estadounidenses para buscar inmunidad ante investigaciones, genera inevitables especulaciones. El gobernador Gallardo ha negado vehementemente que el propósito de esta asesoría sea la búsqueda de inmunidad, atribuyendo las versiones a un ‘golpeteo’ político en el marco de los comicios intermedios, donde impulsa la candidatura de su esposa. Sin embargo, la persistencia de estas narrativas y la singularidad del consultor contratado exigen una observación atenta, considerando las implicaciones éticas y las percepciones sobre la gobernanza y la lucha contra la corrupción a nivel internacional.
El periodista estadounidense Robert Waldeck ha destacado un ‘enorme giro’ en la carrera de Stone, quien ha ampliado significativamente su cartera de clientes internacionales, incluyendo entidades en Bahamas y Nigeria, y otros buscando indultos presidenciales en EE UU. Esta expansión global de sus servicios subraya una reorientación estratégica de sus operaciones de cabildeo. La complejidad del escenario político mexicano y la intrincada red de influencias en Washington hacen que este contrato no sea meramente una cuestión de desarrollo económico, sino un tema con profundas ramificaciones en la geopolítica y la diplomacia bilateral, cuyos verdaderos alcances podrían revelarse con el tiempo.
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