La compleja renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) ha puesto de manifiesto profundas asimetrías en la capacidad de negociación de sus miembros. Mientras Ottawa demostró una inusual resiliencia para ‘levantarse de la mesa’ de diálogo frente a las demandas de Washington, la posición de México se perfila como considerablemente más vulnerable. Este escenario revela la dinámica de poder y las limitantes estructurales que definen el margen de maniobra de cada nación ante la presión estadounidense.
Canadá, bajo el liderazgo del primer ministro Mark Carney, exhibió una fortaleza económica que le permitió adoptar una postura firme. El país ostentaba la posición fiscal más sólida del G7 y la segunda tasa de crecimiento más alta del bloque, y anunció un paquete de 25,000 millones de dólares canadienses para mitigar impactos. Esta base financiera robusta dotó a la delegación canadiense de un poder de negociación crucial, permitiéndoles rechazar términos desfavorables, incluso tras un marco inicial de reducción arancelaria consensuado por Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos.
En contraste, México aborda las conversaciones del T-MEC desde una posición de debilidad económica acentuada. Tras ocho años de crecimiento mediocre, con proyecciones para 2026 apenas superando el 1.3%, el país enfrenta un endeudamiento público en ascenso y un margen fiscal severamente comprometido. Más de dos tercios de sus recursos presupuestarios están asignados a pensiones, programas sociales y al servicio de la deuda, dejando escaso margen de apoyo. Esta carencia de ‘colchón’ económico es la diferencia fundamental que inhibe la capacidad mexicana de emular la táctica canadiense de retirarse de la mesa.
A esta fragilidad económica se suma una coyuntura política interna marcada por tensiones. La presidenta Claudia Sheinbaum, si bien ha buscado consolidar un frente unido dentro de la Cuarta Transformación (4T) ante conflictos internos, persisten fracturas significativas entre facciones ‘radicales’ y ‘moderadas’. Esta desunión interna se manifiesta en el peor momento, justo cuando Washington intensifica sus señalamientos sobre presuntos vínculos entre políticos mexicanos y cárteles. Esta presión, no utilizada contra Canadá, añade una vulnerabilidad geopolítica para México.
La estrategia negociadora de Washington, caracterizada por el tándem ‘policía bueno, policía malo’, fue claramente perceptible. Mientras Jamieson Greer adoptaba un rol técnico y conciliador, figuras como el secretario de Comercio Howard Lutnick y el asesor comercial presidencial Peter Navarro ejercieron el papel de ‘policía malo’, presionando por términos más duros. Esta dualidad permitió a Estados Unidos modificar un acuerdo prácticamente cerrado en el último momento, reabriendo capítulos para excluir vehículos de la rebaja arancelaria, influenciados por la industria siderúrgica y del aluminio. Este precedente demuestra la disposición estadounidense a reajustar términos en fases finales.
El impacto de esta dinámica para México es previsiblemente adverso. La combinación de un margen fiscal restringido, crecimiento económico anémico, cohesión política interna puesta a prueba y la explotación de vulnerabilidades en seguridad, reduce drásticamente las fichas negociadoras de México. En lugar de una ruptura al estilo canadiense, el escenario más plausible es que México se vea compelido a aceptar un acuerdo subóptimo, con concesiones de última hora o condiciones que no reflejan su verdadero peso como segundo socio comercial de Estados Unidos. Esta realidad subraya la desventaja estructural de México, evidenciando cómo la falta de opciones estratégicas culminará en un pacto subóptimo para sus intereses nacionales.
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