La reciente decisión del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de elevar la situación de México a la Asamblea General representa un hito sin precedentes en la historia de la diplomacia de derechos humanos. Este paso subraya la gravedad y persistencia de la crisis de desapariciones forzadas que azota al país, a pesar de poseer uno de los marcos jurídicos e institucionales más robustos a nivel internacional para enfrentar este flagelo. La paradoja es evidente: una nación con herramientas legales de vanguardia confronta una realidad humanitaria que, lejos de mejorar, ha escalado hasta el punto de requerir una intervención en el máximo órgano decisorio de la ONU, evidenciando una brecha crítica entre la ley y su aplicación efectiva.
La trayectoria de México en la arena de los derechos humanos internacionales ha sido marcada por una aparente disposición a la colaboración y la ratificación de tratados clave, como la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Sin embargo, los informes del CED, desde 2015 hasta el más reciente en 2022, han delineado un panorama consistente de desapariciones generalizadas, muchas de ellas calificables como forzadas, donde agentes estatales tienen participación directa o indirecta. Esta implicación abarca desde la privación de la libertad por funcionarios de cualquier nivel y poder, hasta la aquiescencia o apoyo a crímenes perpetrados por actores no estatales, como organizaciones criminales. Los avances legislativos elogiados en 2018 bajo la administración del presidente López Obrador no se tradujeron en una contención efectiva del problema.
La visita del CED a México en 2021 y su posterior informe de 2022 revelaron deficiencias alarmantes en la implementación de las recomendaciones clave. Entre ellas, la ausencia de una política integral de prevención, el mantenimiento de un modelo de seguridad militarizado que, según expertos, exacerba la problemática, una impunidad cercana a la absoluta en los casos de desaparición, y una crisis forense que ha dejado a más de 70,000 cuerpos sin identificar, acrecentando el dolor de miles de familias. Estas fallas sistémicas no solo impidieron la disminución de las desapariciones, sino que contribuyeron a su incremento, desvirtuando el propósito del vasto andamiaje legal existente.
La decisión del CED de llevar el caso de México a la Asamblea General no es una mera formalidad; es una señal de alarma internacional. Implica que la situación ha alcanzado un nivel de gravedad que requiere la atención y acción coordinada de la comunidad global. El CED no solo busca una condena, sino que propone activamente la adopción de medidas concretas, incluyendo el establecimiento de mecanismos con apoyo internacional, tanto financiero como técnico. Esta propuesta resalta la magnitud del desafío y la incapacidad del Estado mexicano para abordarlo unilateralmente de manera efectiva, sugiriendo que la solución podría residir en una cooperación multilateral más profunda.
La reacción inicial del Gobierno mexicano, interpretando la decisión del CED como un ‘ataque’ y respondiendo con negación y descalificaciones, ha generado preocupación. Negar la existencia de desapariciones forzadas ‘desde el Estado’ o la aquiescencia de sus agentes, y cuestionar el rigor jurídico del CED, no solo va en contra del consenso internacional y las evidencias recopiladas por las propias víctimas, sino que también reproduce patrones de respuesta observados en administraciones anteriores. Esta postura defensiva y de confrontación obstaculiza cualquier posibilidad de autocrítica constructiva y de adopción de medidas correctivas urgentes, perpetuando un ciclo de impunidad y sufrimiento para las familias de los desaparecidos.
El contexto de las desapariciones forzadas en México, lejos de ser un fenómeno aislado, se inscribe en un patrón complejo donde la delincuencia organizada y la corrupción estatal confluyen, erosionando el estado de derecho. La cifra de más de 100,000 personas desaparecidas, una de las más altas a nivel mundial en democracias que no están en conflicto armado declarado, evidencia la profundidad de la crisis humanitaria. Los esfuerzos de las familias, a menudo las únicas que emprenden la búsqueda, revelan la persistencia de un ‘modelo de búsqueda’ comunitario ante la insuficiencia y desconfianza en las instituciones oficiales, subrayando la urgencia de una respuesta coordinada que involucre a todos los niveles de gobierno y la sociedad civil.
La coyuntura actual representa una oportunidad crítica para que México reevalúe su estrategia. La colaboración con organismos internacionales y la aceptación de sus diagnósticos, por incómodos que resulten, son fundamentales para construir una solución duradera. La reticencia a reconocer la magnitud del problema y la responsabilidad estatal solo profundizará la herida social. Es imperativo que la administración actual transforme su postura de negación en una de apertura y compromiso genuino, enfocándose en la implementación efectiva de los marcos legales ya existentes y en la adopción de las recomendaciones internacionales para asegurar justicia, verdad y no repetición para las víctimas y sus familias.Si le ha parecido interesante este análisis, le invitamos a compartirlo y a dejar su opinión en los comentarios.
